El titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Querétaro, Benjamín Vargas Salazar, rindió su informe de actividades ante la Legislatura local, correspondiente a marzo de 2024 a febrero de 2025, periodo en el que se recuperaron 69 millones de pesos de recursos públicos y obtuvieron sentencias contra tres exalcaldes.
Además, indicó que Querétaro mantiene su primer lugar nacional en ausencia de corrupción.
“Por sexto año consecutivo nuestro estado fue posicionado como el número uno en el eje de ausencia de corrupción (…), obteniendo fallos condenatorios para quienes ocupaban la esfera más alta en la jerarquía municipal, así como para quien manejó recursos en programas sociales de un municipio en este estado”, aseveró.
En los últimos ocho años, mencionó que la Fiscalía Anticorrupción realizó acciones relevantes contra tres expresidentes municipales de Querétaro: en Corregidora, Carmelo Mendieta; en Pinal de Amoles, Isidro Garay Pacheco; mientras que, en Colón, Alejandro Ochoa.
“Es inédito que Querétaro no se había, nunca, ni siquiera iniciado una investigación en contra de este tipo de estructuras en la administración pública”, mencionó.
Investigación sobre programas sociales en Querétaro
En otro orden, añadió que en el caso de la investigación del desvío de recursos públicos por programas sociales en la pasada administración municipal de Querétaro, sigue el proceso de recuperación del dinero.
“A finales de año una sentencia absolutoria, pero la Fiscalía apeló esa decisión y la Sala del Tribunal Superior de Justicia revoca la sentencia absolutoria conformando que hay una responsabilidad, estamos en esas vías de recuperación de ese dinero, aproximadamente 13 millones de pesos porque la persona interpuso un recurso de amparo”, dijo.
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Agregó que próximamente oficializará otra carpeta de investigación que tiene que ver con becas, tema, en el cual serán reclamados tres millones de pesos.
Concluyó que en ocho años, 132 personas accedieron a la suspensión condicional del proceso, 71 personas fueron sentenciadas por su responsabilidad penal en hechos de corrupción y fueron recuperados 209 millones de pesos.