Los violentos incidentes de los últimos días en Colombia evidencian el inconformismo con el Gobierno, los partidos de extrema derecha y de izquierda y las redes sociales
Pedro Jáuregui
Es la ratificación de que la gente se aburrió de la voracidad del Gobierno, por establecer impuestos para favorecer a un minúsculo grupo de empresarios; y la galopante corrupción en todos los poderes del Estado.
A lo anterior se suma la falta de seguridad, de un empleo, de una buena educación y de salarios justos, como también la ausencia de una política para recibir a los extranjeros.
En los últimos días fueron deportados 59 extranjeros, todos venezolanos, que participaron en forma activa de los desmanes ocurridos en Bogotá, Suba y Cali, donde la televisión y las redes sociales los mostraron saqueando negocios y cuando no podían llevarse los artículos los rompían.
La muerte del estudiante de bachillerato Dilan Mauricio Cruz Medina, de 18 años, quien falleció como consecuencia de las lesiones cerebrales que sufrió el 20 de noviembre durante las marchas, podría ser el detonante para nuevos hechos violentos, cuyas consecuencias no son predecibles y que podría llevar a una declaración de estado de excepción por parte del Gobierno.
Los venezolanos en Norte de Santander conformaron grupos delincuenciales para participar del comercio de las ventas y consumo de drogas, lo que generó de inmediato la reacción de las pandillas locales al ver que su negocio peligraba. Por eso, se volvió normal encontrar, en la zona de frontera, diariamente tres o cuartos venezolanos asesinados.
Capítulo aparte merecen las redes sociales, que se han convertido en cloacas de lanzar información falsa que confunde y que son manejadas al mejor postor.
El cierre es tenebroso para el país y el presidente Duque, cuando el exministro Fernando Londoño le pidió que solicite una licencia mientras conversa con los líderes del paro y, mientras ello sucede, lo reemplace la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. ¿Qué hay debajo de esa propuesta, acaso una dictadura? Esperemos.
