El pasado 31 de enero, el Sr. Osorio, Secretario de Gobernación de la Federación, en reunión con senadores coterráneos de partido, declaró que el Gobierno federal prepara un acuerdo con estados y municipios para permitir el regreso del Ejército a los cuarteles. La firma de éste acuerdo nacional, será para que los estados y municipios se comprometan a capacitar a sus policías y establecer plazos para la temporalidad del apoyo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Si se tratara de una declaración de un candidato a algo o de alguien que quiera llamar la atención, pasaría por ser nomás que una ocurrencia o una vacilada, pero viniendo del encargado de la Seguridad Nacional, resulta ser motivo de preocupación y si está hablando en serio, hasta de alarma.
El “acuerdo”, dice, que va a “comprometer” a estados y municipios a capacitar a sus policías. ¡Caray! si la solución al complejo problema de seguridad que enfrenta nuestra Patria desde hace 40 años se resolvía con “comprometer”… ¿Por qué no se hizo hace cuatro años, cuando inició su gestión? ¿O acaso le hemos pagado 50 meses de sueldo, para que se diera cuenta de que hay que “comprometer” a los demás, para que nuestras FFAA regresen a sus cuarteles?
Es tan impertinente ésta estrategia que, para muestra, precisamente, lo que tuvo lugar ésta semana pasada. En operativo de la Armada en Tepic para capturar a Francisco ‘H2’ Patrón, líder del cártel de los Beltrán Leyva, la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina abrió fuego desde un helicóptero sobre una zona residencial, dejando la operación, como saldo, 15 sicarios muertos incluido Patrón. ¿Será posible que este tipo de operativos algún día los puedan realizar las policías preventivas o las investigadoras? Las implicaciones de este “acuerdo” exigen una visión integral del problema.
¿Porqué se tomó la decisión hacer intervenir militarmente a las Fuerzas Armadas en el 2006? Porque se trataba y se trata de un ‘enemigo’, no solamente de un malandrín que roba autos o da cristalazos, no, se trata de delincuentes “organizados” que representan una seria amenaza para la Seguridad Nacional y que requieren de una fuerza de un tamaño suficiente para combatirles. Se trata de un ‘enemigo’ que desconoce fronteras, con recursos, con aparatos de inteligencia y que se mezcla y opera con la sociedad civil.
Éste ‘enemigo’ no nació de un día para otro.
Los Estados Unidos de Norteamérica, desde la guerra de Vietnam, ha desarrollado el mercado más grande de consumo de drogas y de armas ilegales, sin haber dado muestras, hasta la fecha, de impedirlo. Es decir, al gobierno de aquel país le tiene básicamente sin cuidado el tener una parte significativa de su población, dependiendo de los efectos de las drogas. Uno de ellos es que, una vez que alguien se vuelve adicto, difícilmente regresa a su estado anterior y lejos de ello, intenta por todos los medios de conseguirla.
De aquella guerra han pasado más de 45 años, el mismo período en que nuestra Patria se volvió el paso de la droga que presidentes, gobernadores y alcaldes pertenecientes al partido político del Sr. Osorio, toleraron y hasta se hicieron cómplices. Se trata de un fenómeno complejo y que opera a instancias regionales, que rebasa, ya no solo las capacidades de las policías, en caso de que existan, sino el ámbito territorial de su responsabilidad.
En esos mismos 45 años, salvo el período de 1999 al 2012, la capacidad de compra de la población mexicana se vio reducida en forma sistemática. En estos cuatro años del actual gobierno, ha regresado esa pesadilla, la devaluación es prácticamente del 80 por ciento. La pobreza en la que vive más de la mitad de la población nos convirtió en el sitio ideal para que se desarrollara la delincuencia organizada, por ello, miles de jóvenes se incorporan a los distintos cárteles.
Las amenazas evolucionan, son fenómenos dinámicos que van cambiando con el tiempo. Tal parece que este “acuerdo”, también lo ignora. El tráfico ilegal de drogas no quedó ahí. En ese mismo período, las bandas se convirtieron en organizaciones, sí, en organizaciones formales, con estructura, roles y asignaciones como en cualquier empresa o dependencia. El acumular dinero sin que el gobierno metiese las manos de 1970 al año 2000, generó un conjunto de cárteles millonarios, con armas y con miles de personas empleadas. Se estima que se lavan más de 20 mil millones de dólares al año provenientes de ésta industria. Por lo anterior, adquirieron más compromisos con sus proveedores colombianos y con sus canales de venta en los Estados Unidos de Norteamérica, de tal manera, que fueron requiriendo más libertades, hasta que se infiltraron en todas las policías donde operaban y donde operan. De tal forma que evolucionaron a traficar no solo con drogas, sino también con armas, con personas y con dinero.
Su evolución continuó, hasta “comprometer” a funcionarios del Gobierno federal, gobernadores y alcaldes. La cantidad de asesinatos políticos que se derivaron de lo anterior han sido tantos, que ya no nos sorprende, dejaron de ser noticia.
Su evolución ha continuado en estos años en que el Sr. Osorio ha sido el responsable de la Seguridad Nacional. El terrorismo ahora forma parte de las estrategias de las que echa mano la delincuencia organizada, cuando el objetivo es intimidar a las autoridades. El caso de Ayotzinapa es un icono de ésta práctica, que dejó inutilizada a la dependencia que encabeza.
El problema que dio origen a la decisión del 2006, ahí sigue. La diferencia es que hoy es más grande, porque ahora se consumen más drogas en el territorio nacional y se hará aún más con las arrogantes Trumpadas. En tanto sigan existiendo millones de drogadictos en aquel país, no se podrá evitar el problema, que da empleo a miles de personas allá y aquí. O sea, ya se volvió un sector de la economía. Es un problema relacionado con la realidad geopolítica que rebasa a cualquier policía preventivo o investigador.
¿De dónde sale que quienes van a tomar la estafeta para combatir a la delincuencia organizada ahora van a ser las policías? Ni aún capacitadas podrían hacerlo, no es un asunto de Seguridad Pública, sino de Seguridad Nacional. ¿Será que el “acuerdo” forma parte de regresar a la práctica de tranzar con los cárteles? No deja de llamar la atención, que el anuncio haya decidido hacerlo con senadores compañeros de su partido.
