Negar que en Colombia pasa algo que no es normal es aceptar que hay paz, cuando la verdad es que no lo es

Pedro Jáuregui

Negar que en Colombia pasa algo que no es normal es aceptar que hay paz, cuando la verdad es que no lo es y la prueba más evidente es lo que sucede en el proceso electoral que se efectúa donde han sido asesinados varios candidatos regionales.

A lo anterior se suma el asesinato de líderes sociales, desmovilizados, que prefirieron adherirse al proceso de paz que seguir en la selva enfrentando a las autoridades; y defensores de derechos humanos.

El domingo, la Fiscalía, una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una eficaz administración de justicia adelanto una diligencia de inspección en la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de proveer esquemas de seguridad, escoltas, medios de transporte, entre otros, a dirigentes políticos, funcionarios, y líderes sociales, porque por lo menos uno de sus empleados  filtraba información a grupos criminales sobre estos esquemas, a petición del propio director de la entidad.

La eficacia de la UNP, que se pone a veces en duda, por culpa de los asesinatos de personas protegidas de menos estatus sociales, por la filtración de información selectiva se podría ver más afectada si para el 2020 si se le baja el presupuesto.

De la memoria de los colombianos no se borra lo que sucedió en la década de los 80 y comienzos de los 90 con los militantes de la Unión Patriótica (UP), asesinados, en la mayoría de los casos, en una siniestra alianza delincuencial entre narcotraficantes y paramilitares.

La diferencia con esa época es que ahora hay mayor conciencia de la situación, aunque el proceso de paz tiene muchos francotiradores que les importa muy poco poner en peligro la vida de sus compañeros de profesión, por un puñado de dólares, aprovechando la falta de medios y la cantidad de protegidos.

En algunos casos, varios de los protegidos tienen un esquema de seguridad exagerado o no lo necesitan, pero lo piden por cuestión de estatus.