Tenemos el derecho al acceso a esta información. Somos testigos de un contraste de ideas y argumentos, que en algún punto han polarizado a la población

Sergio Arellano

Todo México estaba en el debate. Defensores de derechos humanos, argumentaban que se trataba del respeto y autodeterminación de la mujer. Aseguraban que la insalubridad de los abortos clandestinos y la posible inexperiencia en el personal médico, exponía un terrible panorama para quienes buscaran este tipo de intervenciones. Un riesgo que, de acuerdo a las posturas en contra, podría prevenirse con la educación sexual correspondiente desde los primeros años de la estancia educativa. Un tema sumamente controvertido por la reciente discusión del PIN parental. Con esto me gustaría preguntar: ¿podemos paralizar la orientación en esta clase de contenidos? La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación demuestra que no. Tenemos el derecho al acceso a esta información. Somos testigos de un contraste de ideas y argumentos, que en algún punto han polarizado a la población. El cuestionamiento real es: ¿la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue acertada en su ponderación? Hay que considerar que la lógica del estado mexicano se acota a los principios constitucionales de la dignidad humana. A pesar de que en algunos sitios de la república como por ejemplo, nuestra capital, han sido más accesibles las reglamentaciones para llevar a cabo estas prácticas, ciertas localidades han optado por tipificarlo en Códigos Penales, tal y como sucede en Veracruz. Si la SCJN hubiera invalidado lo previsto por este ordenamiento de ámbito estatal, los amparos y los medios de impugnación hubieran puesto en la agenda pública esta conversación. No solo estaríamos hablando de la participación del poder judicial sino de la esfera legislativa con una apertura pro aborto. Cabe mencionar que, a la fecha, se legitiman estas acciones cuando son producto de una violación y sin la necesidad de comprobarse los hechos que la originaron. Salvo esta excepción, las y los gobernadores no han querido coadyuvar con los congresos estatales para abordar una solución. Considero que el alto tribunal de nuestro país debe ser partícipe de la vanguardia, pero con cautela. Recuerden que, en las ciencias jurídicas, cualquier laguna o palabra con doble sentido, es perfectamente interpretable en un juicio. ¿Usted que opina del fallo que nunca ocurrió?

MT