Raúl D. Lorea
@ArqLorea
Detrás de la recién aprobada Ley General de Movilidad y Seguridad Vial hay por lo menos 5 años de lucha, paciencia, perseverancia y seguimiento de grandes activistas, entre ciudadanas, ciudadanos y colectivos sociales.
Es un ejemplo de que las causas ciudadanas pueden llegar a materializarse en una ley y las reformas complementarias a otras leyes, pero también es un ejemplo de ineficiencia y desinterés de nuestros representantes en materia de legislación.
La Ley requería una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en la que se reconociera el “derecho a la movilidad” como un derecho fundamental, como lo platiqué en este espacio el 28 de octubre de 2020.
Tras esa reforma, se procedió a elaborar y analizar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, donde, se buscará que el Estado mexicano garantice la movilidad de las personas como un derecho fundamental en nuestra nación, lo cual deseamos contribuya a una movilidad más justa, equitativa, y segura.
Con ello, las autoridades deberán intervenir significativamente el espacio público, el entorno urbano, las calles, el sistema de transporte público, ciclovías, banquetas, carreteras y prácticamente todo aquello donde intervenga el derecho a la movilidad.
Lo que quiero hacer notar, amable lector(a) es que el camino de esta nueva legislación ha sido largo y muy complejo, pero el resultado final representará un gran logro para el activismo mexicano y por consecuencia, un cambio gradual pero inevitable en el entorno de nuestras ciudades.
