El sismo del ‘85 evidenció las deficiencias constructivas y de cálculo de los edificios de la Ciudad de México, y por ende de todo el país. La catástrofe detonó que se reformara la normativa en materia de construcción para evitar que se repitiera un daño de tal magnitud a futuro. La ambigua cifra de fallecidos de aquel entonces osciló desde poco más de 3 mil (reconocidos por el Gobierno) hasta 35 mil contabilizados por la sociedad civil.

En el sismo de 2017, los resultados fueron evidentes: fallecieron casi 200 personas en diferentes ciudades, siendo un dato menor que el de 32 años antes.

En Turquía, la situación y el contexto son distintos. En 1999 hubo un sismo devastador que también detonó un cambio en las normas de construcción; sin embargo, 24 años después, se habla de negligencias e incumplimiento de normas.

Aunque las cifras no se han cerrado, medios internacionales lamentablemente hablan de 40 mil fallecidos contabilizados al momento de cierre de esta colaboración, sumando Turquía y Siria.

El Gobierno turco ordenó la detención preventiva de 113 promotores inmobiliarios y constructores. Así mismo, crearon una oficina de investigación de delitos de terremotos, pues se habla de casi 30 mil edificios colapsados o con severos daños.

Esperemos las conclusiones técnicas sobre las fallas estructurales o constructivas turcas. Aprovecho el espacio para externar mi reconocimiento a dos queretanos, sanjuanenses, que participan en las labores técnicas y de rescate: Román Ruiz (colaborador de Protección Civil Municipal) y mi colega, el arquitecto DRO y bombero Daniel Velázquez.