Javier Esquivel
Durante los últimos meses las autoridades electorales de nuestro país han estado bajo la presión de acciones y narrativas de descrédito por parte del gobierno y de las agendas legislativas regresivas de los partidos políticos.
Tanto las más recientes reformas electorales del Plan B, como las discusiones actuales en el Congreso por limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son prueba de ello.
La insaculación renovadora de los integrantes de Consejo General del INE parece que tampoco fue suficiente ni para los líderes partidistas ni para algunos los medios de comunicación como para hacer una tregua. El interés por hacer cálculos para capitalizar la coyuntura se mantiene inamovible.
Cada semana surge un nuevo escándalo mediático, una nueva investigación periodística o una nueva propuesta de legislación o declaración de alto impacto noticioso en contra de la autoridad electoral.
El estar inmersos en un ambiente inquisitorio, regresivo, deconstructivo y cada vez más marcado por la sucesión presidencial, implica para las autoridades electorales reforzar y adoptar nuevas medidas estratégicas que les permita blindar su imagen, acrecentar su credibilidad y reforzar los indicadores que le permitan mantener la confianza ciudadana.
Por lo consiguiente, el TEPJF y los Tribunales Electorales de las entidades federativas redoblan ya sus esfuerzos para garantizar la transparencia, legalidad e imparcialidad de sus actos e intensifican sus mecanismos de vinculación directa con todas las instituciones clave del país.
Saben que como última instancia resolutiva e inatacable en la materia electoral su reputación debe ser a prueba de balas.
Como parte de estos esfuerzos, Ricardo Gutiérrez Rodríguez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) comentó, a este columnista, que para hacer frente y resolver todos los retos presentes y futuros, la institución implementa una estrategia de alianzas estratégicas en la entidad para dar claridad y capacitación sobre las reglas electorales vigentes.
En el marco de la conferencia “Retos y perspectivas del proceso electoral 2023-2024 en el estado de Querétaro”, organizado por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación, remarcó que también se trabaja muy de la mano con la Junta Local del INE, con el Organismo Público Electoral del estado, con las autoridades de las fiscalías y con las universidades.
Subrayó que la estrategia del TEEQ -que también centra esfuerzos de capacitación y acercamiento con partidos políticos- incluye reforzar todos sus mecanismos de participación ciudadana, de máxima publicidad y rendición de cuentas.
Resaltó que se trabaja en el robustecimiento de los principios y acciones que garanticen la justicia inclusiva, abierta y transparente, sin menoscabo del acceso a la justicia digital que facilite la interacción con la autoridad jurisdiccional.
Como se puede apreciar, la estrategia de comunicación del Tribunal Electoral Estatal de Querétaro va más allá de un plan de difusión, de inserciones pagadas, de boletines o de entrevistas con los medios de comunicación.
Siguen una estrategia 360 grados donde participan las magistradas y magistrados como voceros activos de sus propias funciones y como institución sólida e indivisible, accesible a dotar de información útil, abierta a capacitar y a disipar dudas antes de la elección.
Una estrategia de comunicación que seguramente se está replicando en todo el país para conectar, comunicar y convencer, pero sobre todo para ganar confianza con base en su trabajo y no con protagonismos e individualidades mediáticas.
La confianza en el árbitro electoral de la contienda será clave si lo que se busca es un 2024 lleno de certezas en razón de que – a veces- los jugadores no son tan limpios y honestos en su juego como dicen ser.
@Javoesquivel
