Javier Esquivel
No es nuevo que con la renovación del Consejo General del INE surjan cuestionamientos de partidos inconformes y un escrupuloso escrutinio público y mediático que pongan en duda la idoneidad de los perfiles y la orientación de sus futuras decisiones.
Reiteradamente el Instituto se ve obligado a reaccionar erráticamente y a improvisar medidas que les permita sortear momentáneamente los conflictos y eludir los cuestionamientos de la prensa crítica.
Sin tener claridad a qué áreas corresponde y con qué acciones hacer la defensa de su nueva presidenta y de las y los nuevos integrantes, los pocos funcionarios encargados de despacho que no renunciaron se limitaron a generar nuevos perfiles de redes sociales, a desmentir los falsos y ofrecer un par de entrevistas con cuestionamientos controlados.
Es evidente que el INE ha sido débil en la defensa mediática de sus consejeras, pero, hoy cobra más trascendencia por estar inmersos en una coyuntura de incertidumbre jurídica, en víspera de la elección presidencial y renovación del Congreso.
El contexto obliga a las nuevas autoridades no solo a salvar su prestigio sino a generar por consenso una nueva política y estrategia integral de comunicación.
El momento representa la oportunidad para generar una reingeniería profunda en la materia para fortalecer la credibilidad, reputación e independencia del máximo órgano electoral.
Es imperante redefinir criterios de comunicación no solo para superar los retos que genera el Plan B con un posible cambio de funciones, atribuciones y de nombre, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), sino para construir nuevos vínculos con los ciudadanos, con los electores, partidos políticos, gobiernos estatales y con los medios de comunicación para los próximos años.
Reconstruir la política de comunicación implica generar las condiciones para garantizar el derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, pero no solo con hacer público el sueldo de los consejeros y funcionarios de alto nivel, fideicomisos, gastos de operación, sino también los gastos de publicidad institucional en todo el país, así como los criterios de asignación.
Involucra adoptar mecanismos que permitan a la Contraloría interna informar el resultado de las auditorías de cierre en todas las áreas estratégicas, sin perjuicio de su propia imagen en caso de que estos reportes sean desfavorables para los funcionarios y autoridades salientes.
Obliga a mejorar los indicadores de confianza y evaluación de desempeño de sus consejeras y consejeros. Si bien es cierto que la ciudadanía manifestó su apoyo al INE a través de sondeos y marchas, las más recientes encuestas destacan que la valoración del trabajo de los consejeros es decreciente en comparación de años anteriores.
Sería correcto pensar que el descenso es atribuible al intercambio de narrativas de contraste desde el gobierno, sin embargo, los estudios indican que amplios sectores de la población que no simpatizan con ningún partido reprobaron la gestión de los consejeros salientes.
En este sentido, entraña construir tácticas de visibilidad mediática donde tengan cabida la totalidad de Consejo y donde quien decida el enfoque informativo o persuasivo de sus intervenciones.
Diversos reportes demuestran que la presencia mediática del anterior Consejo estuvo centralizada en un par de sus integrantes, por lo que no solo dominó una sola visión, sino que disminuyó la presencia informativa de las y los otros presidentes de comités en los que se tomaron decisiones de gran calado.
Adoptar cambios incluye no solo equilibrar el número de entrevistas en espacios de mayor consumo, sino también abrir espacios de opinión en el que las y los consejeros expongan libremente su agenda electoral y su posicionamiento en cada asunto a dirimir.
Si bien se podrían incluir más elementos operacionales y estructurales, la decisión más importante recaerá en los 11 integrantes de la “Herradura de la Democracia”:
Adoptar una nueva política de comunicación acompañada de una Unidad Técnica profesionalizada que diseñe -en equipo- la agenda electoral del nuevo INE para conseguir mejor aprobación, profundidad en la rendición de cuentas, o mantener una débil estrategia de puertas cerradas con una estructura limitada a la atención de medios, gestión de entrevistas, emisión de boletines y ajena a los spots que formarán parte de mercadotecnia institucional del proceso electoral federal.
@Javoesquivel
