Raúl D. Lorea
En las entregas del 20 y 27 de abril de este año, hablé en este espacio, sobre la estadística gubernamental y cómo ésta ha ayudado a la planeación de los programas de gobierno que buscaban abatir la pobreza.
Los datos del INEGI y el CONEVAL son de vital importancia para medir los avances o rezagos en las acciones de gobierno, se puede comprobar qué funcionó y lo que debe replantearse.
Sin embargo, al igual que sucedió con el CAPFCE, el Presidente de la República ha menospreciado el trabajo de dichas instituciones bajo el argumento de generar un alto costo para la administración pública. Lo anterior, evidentemente, por revelar datos que no favorecen a las acciones del actual gobierno.
El día de ayer, encontré una noticia donde la Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunciaba que ya varias Unidades de Transparencia se están negando a cumplir con su obligación de entregar información pública.
Dicho instituto, a mi parecer, ha representado desde su creación, un avance significativo en el acceso a la información, permitiendo conocer datos que antes era imposible siquiera imaginar. El INAI es un instituto que debe ser fortalecido y protegido con un marco jurídico que le permita incluso, sancionar a los servidores públicos que no entreguen la información requerida.
El derecho al acceso a la información, está estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º ¿por qué desaparecer a la institución que ayuda a su cumplimiento?
