Yamile David

El día de ayer, el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López, y los Magistrados de los Tribunales de Apelación, Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro otorgaron un amparo a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dicha sentencia ordena su liberación para que enfrente el proceso penal en prisión domiciliaria, sobre el caso de corrupción Odebrecht y esto reafirma la triste realidad que impera en el país: la impunidad.

Según el Índice de Estado de Derecho 2020 (IED) elaborado por el World Justice Project, México estaba dentro de los países peor calificados al tener grandes retos en la aplicación de las leyes por la corrupción, la impunidad, la desigualdad y las violaciones a los derechos humanos. Dos años después, los resultados del IEDMX 2022-2023 evidencian un continuo estancamiento en el progreso del país hacia un Estado de Derecho robusto, con cambios marginales en los puntajes generales de la mayoría de las entidades federativas desde la última edición. Ningún estado se acerca a la calificación idónea, lo que significa que todas las entidades tienen aún retos pendientes.

Los resultados arrojan las siguientes conclusiones:

“Tras cinco ediciones, los datos muestran tres tendencias: 1) continúa la contracción del espacio cívico con el debilitamiento de la sociedad civil y la prensa como contrapesos al ejecutivo estatal; 2) la seguridad es uno de los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, aunque con una mejora importante en la percepción de la seguridad en las personas, y 3)mientras que destaca la mejoría en el puntaje de 21 entidades en el sistema de justicia civil, por otra parte se registran retos persistentes en el sistema de justicia penal, siendo este factor uno de los más bajos.”

Día con día vemos cómo en diferentes ámbitos prevalece la impunidad y la violación a las leyes. Si a esto sumamos las propuestas del ejecutivo federal para la desaparición de organismos autónomos, estamos en graves problemas. Recordemos que estos organismos son garantes del orden público y debieran servir como un contrapeso, aunque lamentablemente en la mayoría de los casos, no fungen como tal.

Es imperante lograr contar con un fuerte estado de derecho y esto solo se logrará trabajando desde la raíz. No solamente hacen falta acciones penales para sancionar, lo importante será contar con políticas de inclusión y desarrollo, garantizar acceso igualitario a justicia, salud, educación y una cultura de paz donde podamos nuevamente confiar en nuestras autoridades e instituciones.

Estamos por definir y redefinir las reglas del juego y para ello se requiere de una sociedad civil fuerte y participativa.

¡Sé parte de la reconstrucción de nuestro país!