Mario Maraboto
Un hecho que la semana pasada generó estupor e indignación en prácticamente todo el país, fue el secuestro y asesinato en Taxco, Guerrero, de Camila Gómez, una niña de 8 años quien iba a visitar a una amiga cuando fue capturada y al día siguiente fue encontrada sin vida.
Pero no se trata sólo de Camila. Desde hace varios años el secuestro y eventual desaparición o muerte de infantes y adolescentes es una situación de la que el Estado mexicano ha sido incapaz de enfrentar con las medidas necesarias para impedir “el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma” como se comprometió en el artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño, en 1990.
De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común 2015-2024 publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 8 niñas, niños y adolescentes (3 mujeres y 5 hombres) han sido víctimas de secuestro en México de enero a febrero de 2024. Entre enero de 2015 y febrero de este año, uno de cada tres secuestros de personas de entre 0 y 17 años registrados en México correspondió a mujeres (35.4%); vistos de manera agregada, la cantidad de secuestros de niñas, niños y adolescentes registrados en el país entre 2015 y 2024 ha ascendido a 1,092 (387 mujeres y 705 hombres).
Pero más allá del secuestro y asesinato de una menor, también están presentes la inoperancia de las autoridades judiciales y el linchamiento y muerte -ante la mirada de agentes de la policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército mexicano- de la probable responsable de lo que sucedió con Camila.
Los linchamientos de supuestos delincuentes no son raros en México. Recordemos el de 5 personas en San Miguel Canoa, Puebla, en 1968, o el de tres agentes de la Policía Federal Preventiva en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac, en noviembre de 2004.
En el caso de la semana pasada, podría aseverare que obedeció a la sensación de impunidad y a la desconfianza en las autoridades judiciales, y/o a la evidente incompetencia (o temor de sufrir la misma suerte) de las autoridades presentes.
En al menos una década los respectivos gobiernos federal y estatales han sido incapaces de prevenir para disminuir los secuestros especialmente de menores de edad.
A esa incapacidad se pueden sumar declaraciones insensibles como las de Doroteo Vázquez, secretario de Seguridad de Taxco: “hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo debo vigilarlo, orientarlo y guiarlo”, o las de ayer del presidente López con sus típicos lugares comunes: “Se está haciendo la investigación correspondiente, se está actuando… Mañana van a estar aquí los integrantes del Gabinete de Seguridad y ellos van a dar un informe general sobre todo lo que aconteció”.
Es fundamental que los gobiernos en México trabajen para proteger a los menores de edad y a sus ciudadanos de la violencia y la inseguridad, pero con hechos, no con abrazos a los criminales. No se trata sólo de Camila sino de casi 130 millones de mexicanos.
