De materializarse dicha reforma, se sufrirá un retroceso de tres décadas en el estándar de protección de derechos humanos que rige en la actualidad, pues con ello se sientan las bases para que sea el propio Estado quien decida qué derechos quiere reconocer a la sociedad, así como la manera en que habrá de hacerlo, en tanto despoja al gobernado del mínimo de herramientas para defenderse mediante la instauración de jueces a modo y la eliminación de medios de impugnación adecuados.