En el presupuesto aprobado para 2026, se incrementó el IEPS para bebidas azucaradas de 1.6451 a 3.0818 pesos por litro, un alza del 87 por ciento para productos con azúcar añadido, mientras que bebidas ‘light’ o cero quedaron en 1.5 pesos por litro tras acuerdo con la industria.
Al elevarlo, los precios al consumidor suben (hasta 15 por ciento estimado), ya que las empresas se lo trasladan. La demanda es ligeramente elástica, lo cual significa que un 10 por ciento de aumento en precio reduce el consumo en cerca del 12 por ciento, con mayor impacto en hogares de menor ingreso. Esto genera una mayor recaudación fiscal, pero distorsiones como sustitución a bebidas no gravadas. El mercado se modifica; en el caso del impuesto de 2014, el consumo cayó 10 por ciento en el primer año y un aumento equivalente en el consumo de agua.
Los hogares de bajos ingresos son los más impactados quienes destinan proporcionalmente más recursos a estas bebidas que los hogares con mayor ingreso, además de caídas en ventas de tienditas hasta 20 por ciento. Consecuencias colaterales incluyen encarecimiento de suplementos, equidad fiscal cuestionada y sustitución a productos no saludables, lo cual requiere programas como el fomento al consumo de agua potable.
Si bien se busca con ello mejorar la salud pública y generar ingresos para el sector, es crucial que se implementen políticas de prevención y tratamiento de las enfermedades derivadas del consumo de dichas bebidas, y que los ingresos recaudados se inviertan sí o sí en el sistema de salud.