El agua entre el derecho y el poder: críticas y tensiones de las nuevas reformas hídricas en México: Argelia Carrera

Mtra. Luisa Argelia Carrera Chávez/Directora General del Observatorio Ciudadano de Querétaro

En México, la discusión sobre el agua nunca ha sido un asunto meramente técnico. Es política en su forma más desnuda: distribución del poder, acceso a recursos y control territorial. Por ello, no sorprende que las dos recientes iniciativas de reforma —la que modifica la Ley General de Aguas para garantizar el derecho humano al agua y reconocer a los sistemas comunitarios, y la que reforma la Ley de Aguas Nacionales para recuperar para el Estado la rectoría plena del recurso— generen hoy un intenso debate. Sus defensores aseguran que representan un viraje histórico: dejar de ver el agua como mercancía y reconocerla como un bien nacional para el desarrollo colectivo. Sus críticos, sin embargo, advierten riesgos, ambigüedades y posibles impactos no deseados en la economía y en la gestión local.

Se confrontan dos visiones opuestas de país: una que busca recentralizar y ordenar un sistema de concesiones que, durante décadas, favoreció el acaparamiento, y otra que teme que esa misma concentración estatal derive en burocracia, falta de claridad y limitaciones a la actividad económica.

Las reformas establecen que el Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua, lo que implica limitar la autonomía que durante décadas tuvieron actores privados para administrar o intercambiar concesiones. El propio diagnóstico oficial reconoce que se otorgaban concesiones para uso agrícola que terminaban abasteciendo parques industriales, campos de golf o desarrollos inmobiliarios sin control del Estado. Un desorden que transformó el recurso en herramienta de especulación.

Pero el argumento contrario es de igual preocupación: al eliminar la transmisión de concesiones y endurecer los mecanismos de control estatal, algunos sectores temen un sistema más rígido, burocrático y potencialmente discrecional.

¿Será capaz la autoridad de otorgar, vigilar y actualizar concesiones sin caer en rezagos, cuellos de botella o prácticas opacas?   Ciudadanía, toca informarse, vigilar e involucrarse.