Diálogos con la justicia: Vicente Peña

Vicente de Jesús Peña Covarrubias

En México existe una crisis humanitaria de desaparición forzada de personas, un delito que lesiona profundamente diversos derechos humanos. A finales del mes pasado, la Presidencia informó que existen más de 132,000 personas desaparecidas actualmente, pero que 46,742 casos carecen de datos suficientes para su búsqueda y más de 43,000 no registran actividad posterior a su desaparición.

En ese contexto, el pasado jueves se difundió que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó que se remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para que esta considere medidas destinadas a apoyar al Estado en la erradicación de este crimen. El gobierno se apresuró a descalificar al Comité y a desconocer sus datos.

La reinterpretación de los números y la confrontación con un organismo internacional experto, revela que el interés del gobierno no es atender el problema, sino manipular las estadísticas para reducir la percepción de la crisis. Cuando el Estado discute cifras en lugar de buscar personas, el riesgo no es sólo metodológico, es la normalización de la desaparición y la invisibilización de miles de historias sin respuesta.