Mentir es una capacidad humana. Todos lo hacemos, a veces por miedo, conveniencia e incluso para proteger a alguien. El gobierno no inventó la mentira, pero cuando la utiliza para proteger a los suyos convierte una conducta humana en una licencia institucional y debilita los límites que contenían la falsedad en la prensa, las redes y la sociedad.
Los casos de las gobernadoras de Chihuahua y Baja California muestran a gobiernos que ocultan, niegan o acomodan los hechos para preservar sus narrativas. La prensa llena esos vacíos con filtraciones, versiones y columnas difíciles de comprobar. Incluso un periódico de gran importancia nacional publicó una entrevista atribuida a una persona fallecida cuyo autor no pudo acreditar la grabación original; el diario terminó disculpándose. Después llegan las redes, con audios dudosos, videos fabricados, burlas y relatos que parecen ciertos porque casi cualquier historia resulta plausible.
¿A quién beneficia este caos? ¿Lo sabremos alguna vez? Especular una respuesta sin pruebas sería participar de la misma mentira. Ya convivimos con ella. Una sociedad no avanza porque nadie mienta, sino porque impone límites a la mentira. Pero cuando el gobierno, máxima autoridad y principal fuente de información pública, se concede el derecho de ocultar o deformar los hechos, ¿quién pone el límite?