Ernesto Ruffo Appel representa un capítulo que parecía imposible en la historia política de México. Fue el primer gobernador de oposición; quien demostró que el oficialismo también podía perder. Hoy está tras las rejas.
La FGR lo detuvo el 16 de julio. Lo acusa de delincuencia organizada y contrabando de combustible a través de una empresa de la que presuntamente era accionista mayoritario. En menos de dos días se le dictó prisión preventiva. Si es responsable, que enfrente las consecuencias. Ese nunca ha sido ni será el debate.
El debate comienza cuando la justicia parece medir el tiempo con relojes distintos. Mientras Ruffo fue procesado con una celeridad ejemplar, Rubén Rocha Moya sigue en el centro de un caso que ha sacudido la relación entre política y narcotráfico, y Marina del Pilar Ávila enfrenta audios filtrados que ella atribuye a una trampa tendida. La diferencia no está solo en la gravedad de los señalamientos, sino en la imparcialidad de la respuesta institucional.
Esa imparcialidad, sin embargo, no existe en el vacío. Existe porque la sostienen una fiscalía que responde al gobierno en turno y un Poder Judicial cuyos jueces —los famosos jueces del acordeón— afinan el tono según quien manda. En ese diseño, la selectividad no es un error del sistema. Es el sistema.
Porque la justicia no se pierde el día que deja de castigar; se pierde el día que empieza a escoger a quién perseguir. Y lo más peligroso no es esa selectividad. Lo verdaderamente grave sería que los ciudadanos dejáramos de verla, o peor aún, que la normalizáramos.