Daniel Lizárraga
El presidente Nayib Bukele pudo haber evitado el asesinato de 87 personas a manos de la Mara Salvatrucha 13 (MS-13).
Una investigación periodística publicada por el diario digital El Faro mostró la arrogancia y la irresponsabilidad con la que actuó el mandatario salvadoreño cuando tuvo que decidir entre proteger la vida de la gente o liberar a algunos los líderes de esa padilla detenidos por la policía.
Esta historia comenzó desde hace alrededor de dos años y medio cuando las pandillas (incluidas las más poderosas; M-13, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios) pactaron con el gobierno de Bukele detener los homicidios, colaborar para que la gente no saliera de casa durante la pandemia por COVID-19 y promover el voto en sus territorios para la elección intermedia del 28 de febrero del 2021 y favorecer al partido oficialista: Nuevas ideas.
A cambio, el gobierno de Bukele accedió el paso y la venta de pollo campero, golosinas y popusas (el platillo tradicional salvadoreño) a las prisiones de alta seguridad. También cambiaron a los custodios que los pandilleros consideraban más agresivos y revirtieron su medida disciplinaria consistente en colocar en la misma celda a miembros de distintas organizaciones. A partir de ese momento, cada pandilla tendría sus propias guardias dentro de las cárceles.
De acuerdo con la investigación de El Faro hecha por el reportero Carlos Martínez, este pacto se vino abajo hace unos dos meses. Un grupo de líderes de la M-13 aceptaron tener un encuentro con funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC). El gobierno les envió un vehículo oficial con un chofer (motorista, le llaman en el Salvador) quien los llevaría al lugar de la cita. Sin embargo, en el camino, fueron detenidos y enviados a prisión.
La MS-13 consideró que eso fue una traición y lanzaron un ultimátum. Nayib Bukele tenía 72 horas para liberar a su “homies” o habría consecuencias. En la investigación hecha por El Faro, se incluyeron audios de conversaciones telefónicas donde Carlos Marroquín, director de Reconstrucción de Tejido Social (no es ironía, así se llama esa oficina) explicó a líderes en libertad de esa pandilla que las aprehensiones habían sido planeadas sólo por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia.
En las mismas grabaciones también se escucha a Marroquín comunicar que el presidente Bukele -a quien identifican con la clave Batman- no tomó a bien el ultimátum de 72 horas y que, de hecho, les mandaba decir que a él no lo amenazaran.
Entonces vino la ola de asesinatos en el Salvador, la jornada más violenta en lo que va de este siglo.
Hasta el momento de escribir esta columna, el gobierno salvadoreño no ha dicho una sola palabra sobre esta relevación que significa un parteaguas en la historia reciente de El Salvador. La información es tan sólida que no hay manera que la puedan desmentir y, si acaso lo intentaran, terminarían enredándose en sus propios hilos.
El silencio de las autoridades es un agravio incluso para quienes votaron por Bukele. El presidente no ha sido capaz de rendir cuentas ni siquiera dentro de su propio gobierno. La propaganda oficial sigue contabilizando el número de pandilleros enviados a prisión: 34 mil hasta el momento.
Ni Gustavo Villatoro o Marroquín han sido despedidos. Por el contrario, a la luz de los hechos, el equipo de Bukele los ha arropado con este talante autoritario que los ha caracterizado.
¿La decisión de Bukele fue la correcta ante el ultimátum de la MS-13? No lo creo. Estaba de por medio la vida de gente inocente. Desde luego, es terrible tener que someterse a la voluntad de esos delincuentes, pero sin pacto no habría factura que pagar ni compromiso que cumplir. Bukele y su equipo jugaron con fuego y se quemaron; ahora tienen las manos machadas de sangre.
