Recientemente, tuve la oportunidad de leer un artículo de la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra.

En dicha opinión, mencionaba la pertinencia de conservar a este órgano autónomo por la naturaleza de sus labores aunado a que es un esfuerzo de participación ciudadana que se logró por medio del esfuerzo de muchas personas inmersas en el activismo.

Ahora bien, todo este revuelo, deviene de las intenciones del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien pretende delegar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública; una advertencia similar a la que enfrentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

En esencia, el traspasar sus facultades a una dependencia de la administración pública federal, representaría un lazo directo que involucra un conflicto de intereses que produce opacidad y desconfianza.

En ese sentido, estimada o estimado lector, como lo advierte la Comisionada Presidenta, su desaparición o en su defecto, transmisión de atribuciones, significaría un retroceso al principio de progresividad de los derechos humanos.

En otras palabras, no podemos ir en retroceso cuando se trata de derechos reconocidos para el ejercicio del derecho de petición y la sentencia de una disolución, afecta al correcto funcionamiento de las instituciones del Estado mexicano.

Sin embargo, más allá de la incertidumbre que alberga este tema burocrático, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen que transparentar el ejercicio de sus funciones gracias a la legislación vigente. Seguiremos atentos de lo que suceda en los próximos días.