En el marco de la presentación del libro: ‘Los retos que enfrentamos’, del exmandatario, tuve la oportunidad de dialogar con él diversos temas de interés nacional, sobre todo en cuanto a la reciente discusión en el Congreso de la Unión sobre la Ley de Seguridad Interior.

El Gobierno del presidente Calderón (2006-2012) se distinguió por un solo ámbito: El combate frontal contra el crimen organizado, ampliamente criticado por unos y aplaudido por otros.

En cuanto al tema comentó lo siguiente: “La iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envié al Senado en abril de 2009 era más clara no solo sobre la definición de la seguridad interior, sino más precisa en el establecimiento de las causas de afectación. Considero que no era absolutamente necesario expedir una nueva ley; hubiese bastado con reformar la Ley de Seguridad Nacional. Tal como lo propuse, ese era el camino más lógico en términos jurídicos y más congruentes desde una perspectiva de derechos humanos”.

Para discernir su relevancia, dicha disposición, aún sujeta a debate en la Cámara Alta, establece:

1) La facultad del Ejecutivo federal para determinar la incapacidad de las autoridades estatales para dirimir una contingencia de suma gravedad y por tanto, emplear a las fuerzas armadas y

2) La autoridad del presidente para distinguir las situaciones de riesgo en las que el Ejército deba intervenir.

Cabe resaltar que múltiples organismos defensores de derechos humanos se han pronunciado en contra de esta iniciativa por falta de protocolo en su implementación.

Concluyó el expresidente: “Por sí misma, la reforma no mejorará las condiciones de seguridad en los estados. Sigue siendo indispensable depurar, profesionalizar y dignificar a las policías locales. Solo de esta manera estaremos en camino de una solución viable y duradera al tema de la seguridad”.

Máxime, resulta un hecho su aprobación en el Congreso, la ciudadanía espera una valoración real y a fondo sobre el empleo de la milicia en nuestro país.