Bret Stephens

Alemania tiene una nueva heroína.
Ella es Carola Rackete, tiene 31 años, y es la capitana de Sea Watch 3, un barco alemán operado por una organización no gubernamental que el 12 de junio rescató a 53 migrantes desesperados en aguas internacionales de Libia. En lugar de regresarlos a Libia, donde enfrentarían condiciones inhumanas, planeó ir rumbo a Italia, donde un gobierno populista ha cerrado los puertos del país a los migrantes.

Tras un enfrentamiento de dos semanas con las autoridades italianas, la capitana declaró un “estado de necesidad” y pocos días después atracó su barco en la isla de Lampedusa, donde se encontró con un pequeño bote patrulla en el proceso. Ahora Rackete enfrenta un posible juicio y muy probablemente una larga sentencia de prisión. Jan Böhmermann, la respuesta alemana a John Oliver, ha ayudado a recaudar una pequeña fortuna para sus costas legales. Der Spiegel la ha puesto nada menos que en la portada como la “Capitana Europa”.

Sin embargo, si las acciones de Rackete fueron heroicas es mayormente debido a que la política migratoria europea es escandalosa.
El secreto de la política migratoria europea es la contratación externa. En 2016, la Unión Europea acordó pagar a Turquía 6000 millones de euros para contener el flujo de refugiados sirios y otros migrantes que habían inundado Europa el verano anterior. Funcionó, en el sentido de que hizo la crisis menos visible y, por ende, provocó que el sentimiento de responsabilidad y la idea de culpa se desvanecieran.
Pregunten a la gente cómo les está yendo a esos refugiados que se quedaron varados en Turquía y lo más seguro es que se encojan de hombros como respuesta. Al menos están mejor de lo que estarían en Alepo, por ejemplo.
No se puede decir lo mismo de la calamidad acaecida a los migrantes atrapados en Libia, gracias en gran medida a la diplomacia europea.

En febrero de 2017, un Gobierno italiano de centroizquierda, con el apoyo de la UE, llegó a un acuerdo con el gobierno reconocido por la ONU en Trípoli para que estableciera una guardia costera libia cuya tarea era interceptar migrantes, a la vez que también limitaba de manera importante la capacidad de organizaciones no gubernamentales como Sea Watch para ayudar a los migrantes en peligro.

La política ha funcionado demasiado bien: los libios han impedido que decenas de miles de migrantes ingresen a Europa. Además, han hecho poco para evitar que muchos de ellos se ahoguen. Y los migrantes a los que han detenido en alta mar en muchos casos han sido enviados a centros de detención que equivalen a sentencias de muerte. Un informe de Human Rights Watch documenta: “desnutrición, falta de atención médica adecuada y relatos perturbadores de violencia por parte de los guardias, que incluyen golpizas, azotes y el uso de electrochoques”.

El martes, uno de esos centros de detención, cerca de una base militar en un suburbio de Trípoli, fue blanco de un ataque aéreo de rebeldes. Al menos cincuenta personas murieron.
Esas muertes pueden no pesar sobre la conciencia europea, pero son, al menos en parte, consecuencia de sus políticas. Como Mathieu von Rohr escribió en un editorial de Spiegel: “Las políticas migratorias de la actualidad en la Unión Europea son incluso más brutales que las que busca imponer Donald Trump”.

Dicha observación conduce a tres reflexiones concernientes a la crisis fronteriza estadounidense.
En primer lugar, lo que está ocurriendo quizá es indignante, pero es considerablemente menos indignante que los intentos de otros Estados imán para manejar un flujo inmanejable de inmigrantes. Eso debería moderar el debate sobre los “campos de concentración” y retórica exagerada similar para describir a un sistema inundado.

Si una estación de la patrulla fronteriza como la que se encuentra en McAllen, Texas, es un “campo de concentración”, como dirían muchos progresistas, ¿de qué manera se deben describir los centros de detención libios de los que la UE depende para su seguridad fronteriza?
En segundo lugar, despenalizar la entrada en la frontera, o extender el acceso a las prestaciones de salud para los migrantes indocumentados, como sugieren algunos candidatos demócratas, empeoraría drásticamente la crisis. Hubo aproximadamente 132.000 arrestos en la frontera sur en mayo, más de nueve veces la cantidad de mayo de 2017. Una frontera abierta en la práctica, como la que Europa tuvo brevemente en 2015, dispararía esos números todavía más, lo cual llevaría a una respuesta política negativa que haría que el fervor antinmigrante trumpista actual pareciera tímido.

La terrible política europea actual es resultado de sus políticas laxas de hace cuatro años. Ninguna persona que se preocupe por los intereses de los futuros migrantes debería querer lo mismo.
En tercer lugar, una política migratoria meramente punitiva como la que imaginan los Stephen Millers del mundo nunca funcionará. En América Central, los migrantes están huyendo de condiciones que son peores que las peores que este gobierno sea capaz de infligirles. Un muro del tamaño de la frontera no detendría el factor motivador (la mayoría de los inmigrantes indocumentados llegan legalmente y se quedan después de que ya vencieron sus visas). La única respuesta duradera es atender el factor motivador.

Eso significa un esfuerzo sostenido por parte de Estados Unidos para reducir la delincuencia, mejorar el gobierno y facilitar el crecimiento económico en esos países pequeños: El Salvador, Honduras y Guatemala. Esa no es una tarea fácil, pero Estados Unidos trabajó con Colombia para lograr un resultado similar en las últimas dos décadas. No hay motivos para pensar que no puede funcionar de nuevo.
El nombre de dicha política es la construcción de un país. No es popular, pero sigue siendo mejor que las opciones funestas que ahora enfrentan las naciones supuestamente humanitarias en ambos lados del Atlántico con respecto a la gente desesperada por llegar a sus costas.