Mientras efectuaba una visita de inspección a Venezuela la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la expresidente chilena Michelle Bachelet, el gobierno de Nicolás Maduro, con la colaboración de agentes cubanos asignados en el país sudamericano, y con total desprecio a su antigua aliada, detuvo, desapareció, torturó y asesinó a opositores militares, entre ellos el capitán de corbeta de la armada venezolana  Rafael Acosta Arévalo.

Si bien Bachelet fue durante su gestión presidencial, amiga y aliada de la dictadura venezolana, en su papel de vigilante de los derechos humanos no podía pasar por alto la aberrante conducta del dictador venezolano y tuvo que emitir un informe, apenas 15 días después de su visita, en el que da cuenta de la situación del pueblo ante la peor dictadura que ha padecido en su historia.

Fue imposible para Maduro ocultar el informe de la autopsia del marino asesinado, en el que se da cuenta de las quemaduras, choques eléctricos, politraumatismos en la región torácica y otras partes del cuerpo, habiendo sido suspendido en vilo con las manos atrás.

La izquierda latinoamericana clamó una y otra vez, y sigue clamando, por los asesinatos, torturas, desapariciones y atentados a los derechos humanos de un Pinochet o de la última dictadura militar argentina pero hoy guarda un ignominioso silencio ante exactamente los mismos hechos perpetrados por la dupla cubana-venezolana que se ha adueñado del gobierno de Venezuela.

No sólo ha sido el caso del capitán Acosta, familiares de cientos de asesinados en las protestas contra Maduro, de detenidos, torturados y desaparecidos han aportado material de sobra para la condena del régimen que oprime al país sudamericano. El informe de Bachelet solamente, reporta 5,287 personas asesinadas sólo en 2018 y 1,569 en los primeros 5 meses del actual, la siembra de evidencia incriminadora en contra de opositores, en un inútil intento de suprimir las protestas, así como la crisis humanitaria que ha provocado una migración enorme y hambre mas toda clase de privaciones  entre los que aún permanecen.

Ante la inefectividad de Guaidó y la increíble tolerancia de Trump, pareciera que el siguiente paso tendría que ser la Corte Penal Internacional de La Haya. De todas formas, los días de Maduro están contados.