Sergio Arellano
Asesor en Derechos Humanos
@siarellano5
Estimada o estimado lector, usted recordará que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene una historia fascinante. Desde nuestra concepción de soberanía hasta la tutela de los derechos humanos, el estudio constitucional ha sido un caminar muy estimulante. En teoría, no solo debería de conmocionar a un abogado todos estos cambios en nuestro régimen jurídico. La sociedad es quien se beneficia directamente de los avances que han establecido los tribunales en sus resoluciones. No obstante, todo es perfectible. Hasta la primera década del siglo XXI, la Constitución mexicana se apreció desde una óptica “política” más que un mecanismo protector de derechos fundamentales.
Con la entrada en vigor de la reforma constitucional del año 2011, lo dispuesto por nuestra Carta Magna se vuelve fundamental para reconocer, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos. Sin meternos al debate sobre los aspectos pendientes por reformar, cobra relevancia que nuestro país adolece de una crisis recurrente por violaciones a la dignidad humana hacia los grupos feministas, indígenas, LGBT, migrantes, personas en reclusión, discapacidades, prensa, entre otros.
En el argot de los abogados, siempre se mencionaba que unos eran civilistas, penalistas, laboralistas; sin que se tomara al derecho constitucional como una materia apta para su ejercicio. Ahora, ninguna materia del derecho, puede llevarse a cabo sin una interpretación constitucional con enfoque de derechos humanos, tal y como lo ha manifestado el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.
Este comentario cobra relevancia porque el día de mañana, toda controversia legal, tiende a resolverse con una mirada pro persona más allá de los tecnicismos de las ramas específicas del derecho.
Es por ello que ante los hechos penosos como lo ocurrido en el estadio Corregidora, la detención del Bronco e inclusive la afrenta entre Carlos Loret y el Presidente Obrador, requieren de una ruta que permita un desenlace apegado a la constitucionalidad.
