Daniel Lizárraga
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido que meter el hombro ante la pauperización de las condiciones de trabajo para quienes ejercemos el periodismo. No hay manera de reprochar el programa para contar con seguro médico y de trabajo con derecho a retiro. En los últimos años, el desempleo dentro de los medios de comunicación ha dejado cientos de colegas en la calle y no fue precisamente para buscar una noticia.
El coletazo por el recorte a la publicidad oficial lo recibieron los y las reporteras. Los dueños de periódicos, de las estaciones de radio y de las cadenas de televisión optaron despedir periodistas para soportar, según ellos, las finanzas de la empresa. Rescataron al periodismo sacrificando periodistas.
Además, la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 también ocasionó recortes en las redacciones y en equipos de producción.
Decenas, quizá cientos de colegas en todo el país han buscado cómo ganarse la vida como “free lance” porque tampoco hay plazas disponibles y, cuando abren alguna, los sueldos son irrisorios. La comunidad de reporteros (as) independientes ha crecido por las circunstancias que está pasando el gremio, más que por una decisión personal como predominó en antaño. La situación es particularmente grave fuera de la Ciudad de México.
El apoyo gubernamental no implica censura. Después de todo, se trata de dinero público. A juicio de quien escribe esta columna, ello implica un compromiso aún más serio y profesional con la gente para entregar información de mejor calidad. A ellos hay que entregarles cuentas.
La tarea que sigue no será nada fácil. Ahora viene una etapa complicada para aterrizar el programa. El vocero de Palacio Nacional, Jesús Ramírez dijo que habría unos 6 mil colegas trabajando por cuenta propia, creo que son mucho más si tomamos en cuenta a todo el país.
Uno de los requisitos será mostrar trabajos publicados en cualquier medio de comunicación durante los ´últimos 12 meses. Aquí habría que tener cuidado o, en todo caso, ampliar la perspectiva.
Algunos (as) colegas no firman sus trabajos por razones de seguridad, sobre todo, en zonas donde manda en el narcotráfico. Lo mismo pasa con los fotógrafos (as). En México matan a periodistas.
En otras ocasiones, la decisión de eliminar las firmas fue de los editores o directivos; ya sea por alguna política del medio, por algún desacuerdo con el autor o porque simplemente no les da la gana.
La medida del gobierno también tiene amplio significado en torno a la explotación contra los y las colegas. Los dueños de los medios de comunicación deberían ser castigados, como marca la ley, por no pagar el seguro social de sus empleados y por contratarlos a través empresas satélite o de papel por año a fin de no crear antigüedad.
Que el seguro social para periodistas no sea impunidad para dueños de medios de comunicación irresponsables y avariciosos.
