Tras la creciente preocupación del cambio climático en una escala global, aproximadamente, 175 países, han tomado la iniciativa de impulsar un acuerdo internacional que tendrá por objetivo: tomar acciones y las prevenciones necesarias en materia medioambiental en aras de reducir la contaminación con plásticos.

En un sentido estricto, estimada o estimado lector, estamos hablando de que tenemos un grave problema con la sobreproducción de estos productos; acorde a los expertos de las Naciones Unidas, en el año 2060 se triplicará la producción de plástico si continuamos con este ritmo, lo cual generará, que la población vulnerable, principalmente personas mayores e infantes, sufran los efectos negativos de estos residuos; para mayor ilustración, se tiene la estadística de que en la ciudadanía de Oroya, Perú, la niñez presenta un 99% de plomo en su sangre gracias a estas condiciones insalubres.

Aunado a lo anterior, la ONU hizo un llamado a las empresas generadoras de plástico a que reduzcan estos niveles en vías de que se tutele el derecho fundamental a un medio ambiente sano y libre de sustancias tóxicas, esto viene a colación con el trabajo pendiente que tenemos en México ya que el empresariado, considera que la promoción y la defensa de los derechos humanos es un tema ajeno a su giro comercial, considerándolo “un lujo” en contraste con el resto de sus obligaciones de naturaleza tributaria y/o laboral.

Para nuestra suerte, los organismos de derechos humanos en México y los gobiernos en turno, han sido espectadores de esta postura corporativa en lugar de buscar las soluciones institucionales que puedan detener el acelerador de este desequilibro ecológico; mayores incentivos, espacios de cultura y restricciones legislativas, definen a una buena política ambiental.