Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos
@siarellano5
En espera de concluir el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, se encuentra la iniciativa que comprende la creación de la Ley de Ciberseguridad, misma que se encuentra en el ojo del huracán por las implicaciones que conlleva en materia de derechos fundamentales. En un primer análisis, estimada o estimado lector, se puede observar el control militar en las labores de ciberseguridad, las cuales incluyen ciertas acciones asociadas con la intromisión de las comunicaciones personales. En adhesión, acorde al análisis de los investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, las autoridades ejecutoras, contarán con un marco legal rebosante en lagunas y conceptos ambiguos que motivarán la discrecionalidad de sus determinaciones. Así mismo, acrecentando el temor fundado, tenemos la certeza de que, en el ciberespacio, se cuenta con una infinidad de datos personales que serán susceptibles de una intervención sin que a la fecha, se establezcan los procedimientos y/o justificación precisa para actuar en consecuencia. Al respecto, ha sido muy criticado este proyecto legislativo que fue propuesto por un diputado del partido verde derivado de la omisión de criterios internacionales e inclusive, convenios sobre el particular, en donde se abordan invariables perspectivas pro persona en el actuar gubernamental, ello con la finalidad de evitar irrumpir en la privacidad de la ciudadanía o en su defecto, afectar su derecho a la libertad de expresión mediante la censura de direcciones web. En los próximos días, se tendrá un debate argumentativo de suma relevancia para efectos de evadir, en la medida de lo posible, futuras acciones de inconstitucionalidad por la aprobación de algo que sustancialmente pueda generar arbitrariedades.
