Indudablemente es un tema que nos incumbe a todos. La presencia militar ha venido asomándose en las tareas de seguridad pública dado que los elementos de la policía local y municipal, han quedado rebasados por la falta de equipamiento e instrucción frente al crimen organizado.

Con la Guardia Nacional, se ha tenido un debate muy interesante respecto a su coqueteo con la Secretaría de la Defensa Nacional, no obstante, en este artículo, compartiré mi opinión sobre el actuar del ejército mexicano; una institución loable y de respeto como bien lo apunta el abogado, Juan Velásquez.

En el claroscuro, estimada o estimado lector, me concentraré en los datos de la SEDENA, mismos que reflejan que solo se han impuesto un total de 23 sentencias contra militares en los últimos 18 años.

Bien sabemos que de acuerdo al porcentaje de quejas que recibe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, gran parte tiene el nombre y apellido de las fuerzas armadas, quienes han recibido un total de 12,000 inconformidades durante los periodos presidenciales de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Esto no significa que todas las disidencias sean procedentes, sin embargo, que solo hayan procedido 23 expedientes despierta una intranquilidad sobre el nivel de impunidad en la justicia castrense y la ausencia del Estado de derecho; entre las presuntas violaciones a derechos fundamentales que podemos encontrar en atención al Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos: el trato cruel e inhumano, detenciones arbitrarias, transgresión a la libertad sexual y desaparición forzada.

Como verán, no es un tema sencillo, pero involucra la participación ciudadana y la denuncia de quienes han sido afectados por estos hechos. Los números hablan por sí mismos.

Sergio Arellano

• Asesor en Derechos Humanos
• @siarellano5