Roberto Mendoza
Treinta años no es poco tiempo. Todavía en los años 90 en México, alguien que estudiaba una carrera universitaria era considerado especial y tenía perspectivas de conseguir un trabajo respetable y bien remunerado. Hoy en día, el aspecto académico ha quedado relegado a un mero requisito, y quizá incluso a un trámite engorroso. El mercado laboral se ha vuelto más competitivo, y tener un título universitario ya no basta para asegurarse un buen trabajo. Debido a la pandemia, muchas personas trabajan ahora desde casa y algunas han tenido que buscar nuevas oportunidades porque sus empleos o empresas desaparecieron o porque quieren nuevos retos. Ahora las empresas también tienen que competir en las redes sociales, y pronto también se enfrentarán a diversas inteligencias artificiales. En resumen, el mundo está cambiando rápidamente.
En el esquema laboral del gobierno actual, hay varios retos añadidos, quizá casi imposibles de superar para muchos aspirantes: el amiguismo, el sectarismo, el nepotismo y la pertenencia a un estilo de pensamiento. En los primeros años de esta administración el propio presidente mostró desdén por la especialización académica y el esfuerzo por obtener una educación en el extranjero. En lugar de abordar los problemas subyacentes, el presidente defendió a los llamados “ninis” -jóvenes que, por razones económicas, culturales, demográficas, físicas o psicológicas, no tenían empleo ni lo buscaban-, incorporándolos simplemente al consumismo y dándoles dinero, sin considerar formas más constructivas de promover, con ellos, la productividad nacional.
Ulises Lara, actualmente el encargado de la fiscalía capitalina, supuestamente cursó 58 materias de la licenciatura de Derecho, realizó una tesis y tramitó su cédula profesional en un solo día, es ejemplo perfecto de los vicios que promueve el gobierno actual. En una entrevista en Milenio Televisión, afirmó haber estudiado la licenciatura en 2016, hasta el momento no ha aportado ninguna prueba que sustente sus declaraciones, el trámite para obtener una cédula profesional lleva al menos 30 días, y algunas personas incluso sufren retrasos que duran de tres meses a un año. Sin embargo, el señor Lara consiguió la suya en un solo día, posiblemente gracias a contactos, abuso de poder o a la corrupción descarada.
Para este gobierno y para el presidente López Obrador, los requisitos legales, administrativos y académicos no son elementos de control para garantizar que quienes aspiran a cargos donde se toman decisiones que afectan a las personas y a la vida de la nación sean los más idóneos bajo los lineamientos del profesionalismo, la ética y la capacidad. Para ellos son una monserga que es mejor eludir o ignorar por completo. El desprecio por lo profesional e incluso por la simple lógica es evidente. La toma de decisiones en el gobierno, es caprichosa y convierte la realidad en un catálogo de obras inacabadas, empresas que no funcionan o lo hacen de forma ineficaz, causándonos a todos pérdidas de dinero, desgastándonos como país y sociedad y sobre todo, poniendo en peligro nuestra vida.
Los seres humanos estamos cambiando el mundo, transformando nuestras costumbres y valores. Buscamos mejorar nuestras acciones, hacer más con menos, descansar, disfrutar la vida, viajar y aprender fuera del aula, reduciendo el esfuerzo físico para vivir plenamente ¿Impulsa el gobierno estos anhelos y perspectivas? ¿Comprende y desea integrarse a estas nuevas tendencias o regresar a otros valores que ya se han vuelo anacrónicos? Pronto decidiremos nuestro futuro; nuestro voto será crucial. ¿Optaremos por continuar estas prácticas o aunque haya riesgo, decidiremos por algo nuevo?