Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos
@siarellano5
En días pasados se dio a conocer un paro de labores en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, liderado por ex trabajadores del organismo, mismos que han denunciado públicamente una serie de irregularidades entre las que destacan: violencia laboral, acoso, despidos masivos, falta de transparencia en el manejo de recursos y/o amenazas constantes por parte de su titular.
Esta es una situación lamentable para un órgano autónomo dedicado a la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad; tras este contexto, las partes afectadas concurrieron al poder legislativo de dicha entidad con la finalidad de iniciar una investigación formal ante tales acusaciones. Este ejemplo, además de representar un claroscuro, significa una lucha colectiva contra los individuos que no están capacitados para un puesto como el de “ombudsperson”, cuya designación se ha vuelto un tema político más allá de aptitudes.
Bajo esa lógica, estimada o estimado lector, estimo que tenemos que ser observadores del actuar de estos servidores públicos, comenzando por Querétaro; siendo una realidad que el actual Presidente, Javier Rascado, ha destacado por su poca capacidad de gestión al despedir a la mayoría de sus colaboradores injustificadamente, conservando escenarios de conflicto de interés al interior de la Defensoría de los Derechos Humanos, suprimiendo áreas estratégicas como la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información o la ausencia de recomendaciones contra el gobierno en turno derivado de su adhesión al Partido Acción Nacional, como puede demostrarse en sus apariciones proselitistas en el marco del periodo electoral en donde salió victorioso el Gobernador, Mauricio Kuri; esperemos que en lo sucesivo, la legislatura local, pondere y razone sus votos para la elección de la presidencia de este organismo en aras de evitar conflictos innecesarios como el de Baja California Sur. Realmente, ¿tenemos todos los derechos para todas las personas?
