Transporte público: el termómetro social de la ciudad: Romy Rojas

Romy Rojas

El transporte público es la primera y última escena del día para millones de personas en México. Ahí se condensan el cansancio, la prisa y la esperanza. Ahí se mide el pulso real de la ciudad: cómo vivimos, cuánto valemos como ciudadanos… cuánta dignidad cabe en una hora de traslado.

Pero en nuestro país, ese termómetro social marca cifras alarmantes. Unidades deterioradas, operadores sin derechos laborales, paradas inseguras, tarifas elevadas, horas perdidas en el tráfico… Moverse no debería ser una carrera de resistencia, pero lo es, y eso revela una gran verdad: no puede haber ciudad justa con movilidad injusta.

Durante décadas, el transporte público ha sido el gran olvidado de la planeación urbana. Mientras se inauguran autopistas y se celebran megaproyectos, los sistemas colectivos siguen esperando inversión, diseño y visión, como si fueran un tema menor… como si no fueran el corazón que mueve (o detiene) a las ciudades.
Lo confirma el Índice de Competitividad Urbana 2024 del IMCO: en la mayoría de las ciudades mexicanas, la inversión en transporte público es insuficiente o inexistente.

El parque vehicular ha crecido mucho más rápido que la población. Mientras tanto, en estados como el Estado de México, ocho de cada 10 robos con violencia en transporte público colectivo del país ocurren ahí. Además, sus habitantes destinan el mayor porcentaje del gasto familiar nacional a trasladarse. Es decir: el transporte también refleja la desigualdad.

No es casualidad que la ONU haya colocado este tema en el centro del ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Una de sus metas es clara: acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, especialmente para grupos en situación de vulnerabilidad; pero, en México, esa meta aún está lejos de alcanzarse.