El derecho internacional: la estructura invisible que sostiene el orden global: Yamile David

Yamile David

En un mundo marcado por conflictos armados, crisis humanitarias, disputas territoriales y desafíos globales, el derecho internacional suele parecer lejano, abstracto o incluso prescindible. Sin embargo, pocas herramientas son tan esenciales para la convivencia entre los Estados y la protección de las personas como el conjunto de normas que regulan las relaciones internacionales. El derecho internacional es, en realidad, la estructura invisible que sostiene el orden global.

A diferencia del derecho interno, que cuenta con autoridades claras para su aplicación y sanción, el derecho internacional se basa en el consentimiento de los Estados y en la idea de que la cooperación es preferible al conflicto. Tratados, convenios y acuerdos multilaterales establecen reglas comunes para evitar que la fuerza sea el único lenguaje entre naciones. Cuando funciona, no suele ocupar titulares; cuando se ignora, el costo humano, político y económico se vuelve evidente, como lo estamos viendo hoy con la invasión de Estados Unidos a Venezuela.

La caída de Maduro no es motivo de análisis en este escrito (me parece que todos estamos de acuerdo que es lo mejor para Venezuela), pero la forma en que sucedió, que conlleva a un riesgo potente a nivel mundial, sí lo es.

Las recientes acciones y amenazas de intervención de Estados Unidos contra Venezuela, impulsadas por el presidente Donald Trump, han vuelto a colocar al derecho internacional en el centro de una discusión incómoda pero urgente: ¿siguen vigentes las reglas que ordenan la convivencia entre los Estados o estamos regresando a la lógica de la fuerza?

El derecho internacional no es un adorno diplomático ni una formalidad retórica. Es el conjunto de normas que, tras las grandes guerras del siglo XX, buscó impedir que los conflictos se resolvieran mediante invasiones, imposiciones unilaterales o cambios de régimen por la vía militar. Su principio más básico es claro: ningún Estado puede usar la fuerza contra otro, salvo en circunstancias excepcionales y bajo marcos colectivos claramente establecidos.

Cuando una potencia decide actuar al margen de estas reglas —justificando sus acciones en razones morales, ideológicas o de seguridad propias— el mensaje que se envía al mundo es peligroso: el derecho es opcional y el poder otorga permiso. Ese precedente no solo afecta al país intervenido; debilita el sistema entero. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro Estado cuya soberanía resulte incómoda.

La tentación de normalizar estas acciones suele venir acompañada de un discurso pragmático: que el derecho internacional es lento, ineficaz o incapaz de responder a crisis urgentes. Pero sustituir la legalidad por la fuerza no corrige esas fallas, las agrava. Sin reglas comunes, el escenario internacional se convierte en un terreno impredecible donde los países más débiles quedan desprotegidos y la estabilidad regional se vuelve frágil.

Para América Latina, esta discusión no es lejana. La historia de la región está marcada por intervenciones externas que dejaron profundas heridas políticas, sociales y económicas. Defender el derecho internacional es, para nuestros países, defender un mínimo de equilibrio frente a asimetrías de poder evidentes.

El sistema internacional es imperfecto, sin duda. Requiere reformas, mayor coherencia y mecanismos reales de rendición de cuentas. Pero debilitarlo aún más mediante acciones unilaterales no es la solución. Al contrario: es abrir la puerta a un mundo más violento, más arbitrario y menos justo.

Cuando la fuerza sustituye al derecho, lo que está en juego no es solo un país, sino la idea misma de orden, límites y responsabilidad global. Su fortalecimiento depende no solo de los Estados, sino también de la presión de la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y una ciudadanía informada.

En tiempos de polarización y ruptura, el derecho internacional sigue siendo una de las pocas herramientas capaces de ofrecer un lenguaje común, límites claros y una visión compartida de futuro. Protegerlo y fortalecerlo no es una opción: es una responsabilidad colectiva.