“La reforma política es para que quienes disienten puedan convertirse en mayoría”. Con esa premisa, Jesús Reyes Heroles impulsó en 1977 la apertura política que permitió la representación de minorías en el Congreso mexicano. Aquella reforma no solo reconoció la pluralidad política: también creó una arquitectura institucional que permitió financiar la actividad partidista desde múltiples niveles del Estado. Municipios, regidurías y congresos locales se convirtieron en parte de esa infraestructura territorial. Como señaló el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, esas posiciones son “bolsas de trabajo” para la militancia. El sistema permitió la expansión del pluralismo, pero también consolidó un mecanismo indirecto de financiamiento político que ha sobrevivido durante décadas.

La reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum estaba destinada a fracasar desde el inicio. El Plan A tocaba directamente el sistema de representación que permitió la supervivencia de partidos minoritarios. No sorprendió que fuera rechazado en la Cámara de Diputados por los mismos aliados que sostienen al oficialismo. Lo que sí llamó la atención fue la serenidad con la que la presidenta asumió esa derrota. Casi de inmediato convocó a esos mismos aliados para plantear un Plan B que modifica el terreno. El nuevo enfoque ya no gira en torno al sistema electoral federal, sino al costo del aparato político territorial. El documento de apoyo de los senadores oficialistas lo dice con claridad: los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas. En política, recordaba Reyes Heroles, “lo que resiste apoya”.

Esta reorganización del sistema político territorial reduce estructuras municipales y limita el gasto de congresos locales, va a fortalecer a quienes controlan los presupuestos estatales: los gobernadores. El efecto es transversal: beneficia tanto a gobiernos oficialistas como a opositores. Morena controla la mayoría de las gubernaturas, pero el incentivo alcanza también a estados gobernados por el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y al Verde. El único actor que queda claramente desprotegido es el Partido del Trabajo. El PT no gobierna ningún estado y su peso político depende de las estructuras territoriales que esta reforma busca adelgazar. Si el financiamiento indirecto de la política local se reduce, también se reduce el espacio donde ese partido ha sobrevivido durante décadas. La discusión del Plan B revela algo más profundo que una simple reforma administrativa. Porque, como advertía Reyes Heroles: en política la forma es fondo. Y cuando la forma cambia, a veces lo que desaparece no es un privilegio, sino un partido entero.

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