El caso de Edith Guadalupe Valdés es una muestra de la ineficacia e ineficiencia de nuestras autoridades. En medio de una crisis de desapariciones, los elementos de investigación y reacción tratan cada caso como uno más. No importa que en México haya miles de personas desaparecidas: cuando alguien denuncia, lo frecuente es que la autoridad diga: “seguro va a aparecer”, y la búsqueda no comience de inmediato. Esto no debería ser lo normal. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas obliga a iniciar la búsqueda en el momento mismo de la denuncia. En la práctica persiste la espera de 72 horas, aunque la ley diga lo contrario. En el caso de Edith, la familia sabía dónde estaba, ella entró a un inmueble y no salió. Si las autoridades hubieran actuado de inmediato, como marca la ley, ¿estaría viva?
Las desapariciones existen en cualquier sociedad. En México dejaron de ser anomalías a partir de la estrategia de seguridad implementada por Felipe Calderón: la violencia se fragmentó, se multiplicaron los actores criminales y el Estado no logró construir capacidades suficientes para contenerlos ni investigarlos. El resultado no es solo más violencia: en México desaparecer es posible con demasiada facilidad y la búsqueda institucional no es una prioridad efectiva. Los casos de Teuchitlán, Ayotzinapa y miles más no son hechos aislados, son expresiones de un mismo problema.
México enfrenta una crisis que rebasa las 130 mil personas desaparecidas: eso significa una por cada mil habitantes. ¿Usted se preocupa cuando lee, escucha o ve que alguien desapareció? ¿Nos estamos acostumbrando, igual que las autoridades, a que esto sea la normalidad? Esa es la verdadera dimensión del problema: desaparecen personas, pero también desaparece la reacción del Estado y nuestra indignación. ¿Vamos a esperar a que se ausente uno de cada cien, de cada diez? ¿No es momento de alzar la voz?