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7 de mayo 2026

Bruno Casalini

El caso del gobernador Rocha Moya revela algo muy alarmante. Más allá de las investigaciones, los señalamientos o las versiones encontradas, lo grave es lo que millones de mexicanos percibimos detrás de todo: que el crimen dejó de estar lejos del poder.

Pensábamos que la inseguridad era consecuencia de estrategias fallidas, falta de coordinación o incapacidad gubernamental. Pero casos como este alumbran una realidad mucho más dura y mucho más incómoda: el problema no es solamente incapacidad, es la complicidad.

Porque cuando desde el poder se impulsan perfiles cuestionados, cuando se minimizan vínculos alarmantes o cuando la prioridad política es proteger al movimiento antes que esclarecer los hechos, el mensaje para la sociedad es devastador.

Mientras miles de familias lloran a sus muertos, mientras madres buscadoras recorren el país tratando de encontrar a sus hijos y mientras millones viven con miedo todos los días, desde el oficialismo la reacción no es investigar con firmeza, sino cerrar filas y blindar políticamente a los suyos.

Y ahí está el verdadero riesgo para el país: la normalización de la cercanía entre el poder y los delincuentes.

Lo más indignante es que sea la justicia de otros países la que termine exhibiendo lo que aquí ocultan. Como si hubiera más disposición para cuidar narrativas políticas que para defender la verdad y la justicia.

El Gobierno no puede plantear soluciones, cuando ya se convirtió en parte del problema.

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