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11 de junio 2026

Sin duda, la promesa que llevó a Morena al poder, fue acabar con la corrupción. No fue la seguridad, la salud ni el crecimiento económico. Fue la idea de un Gobierno distinto que combatiría los privilegios, los abusos y  la impunidad.

Por eso resulta tan grave lo que ocurrió después.

Con Segalmex, miles de millones de pesos destinados a apoyar a los sectores más vulnerables terminaron perdidos entre irregularidades y desvíos de recursos. Lo que debía ser un instrumento de apoyo, terminó convertido en un enorme escándalo.

A ello se suma el huachicol fiscal, una red que permitió la importación irregular de combustibles y que provocó pérdidas multimillonarias para el Estado mexicano.

También, están las denuncias sobre presuntos sobornos y moches relacionados con proyectos ferroviarios y obras emblemáticas del sexenio.

Pero la corrupción no solo se mide por los escándalos. También se mide por las reglas del juego. Ocho de cada 10 contratos del Gobierno federal se asignan por adjudicación directa, sin competencia y con opacidad.

No sorprende que México haya seguido perdiendo posiciones en los índices internacionales de percepción de corrupción.

La corrupción no desaparece porque un Gobierno afirme ser honesto. Desaparece cuando existe transparencia, rendición de cuentas y aplicación de la ley. La verdadera prueba de un Gobierno no es lo que promete combatir, sino lo que está dispuesto a investigar, incluso cuando los responsables están de su lado.

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