Millones de mexicanos viven las consecuencias de una realidad que cada vez resulta más difícil ignorar: la delincuencia organizada dejó de ser únicamente un problema de seguridad para convertirse en una fuerza capaz de influir, presionar e infiltrarse en espacios de poder.
Por eso, el gran desafío de nuestro tiempo no es solamente combatir a los criminales. Es romper cualquier pacto de complicidad que les permita operar con impunidad.
No importa a quién alcance. No importa qué nombre aparezca en una investigación, qué cargo ocupe o qué partido político resulte afectado.
Cuando existen indicios de vínculos entre autoridades y grupos criminales, la obligación es investigar hasta las últimas consecuencias. Sin excepciones. Sin cálculos electorales. Sin proteger a nadie.
La justicia pierde legitimidad cuando persigue a unos y encubre a otros. Y un gobierno pierde autoridad moral cuando la lealtad al movimiento político pesa más que la lealtad a la ley.
La Presidenta enfrenta una decisión histórica. Puede romper con cualquier red de complicidades que haya permitido al crimen ganar terreno. O puede optar por la defensa automática de los suyos, aun cuando las pruebas sean contundentes.
Los costos políticos de actuar pueden ser altos. Los costos de no hacerlo son mucho mayores: más violencia, más impunidad y más desconfianza ciudadana. México necesita un mensaje claro: en este país no debe existir cargo, partido o gobierno que esté por encima de la ley.