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13 de mayo 2026

Gustavo Real

Hay algo profundamente roto en México cuando resulta más sencillo abrir Palacio Nacional para recibir a BTS, justificar y encubrir políticamente a un gobernador señalado por autoridades estadounidenses como presunto aliado del narcotráfico, que enfrentar con seriedad la crisis de violencia que consume regiones enteras del país.

Mientras tanto, Chihuahua volvió al centro de la discusión nacional. El operativo que derivó en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios más grandes encontrados en la Sierra Tarahumara terminó rodeado de polémica por la presunta participación de agencias estadounidenses. Y sí: deben investigarse los hechos previos y posteriores. Toda intervención y actuación debe transparentarse conforme a la ley.

Pero hay una realidad imposible de ocultar: el laboratorio existía y fue desmantelado. El golpe al narcotráfico ocurrió. Y la gente está cansada de gobiernos que prefieren administrar el problema antes que enfrentarlo.

La contradicción aparece cuando volteamos a Sinaloa.

Rubén Rocha Moya no enfrenta simples rumores. Los señalamientos en su contra derivan de investigaciones y de un gran jurado en Estados Unidos que evalúa pruebas antes de autorizar cargos formales.

Y lo más grave es que no parece un caso aislado. México tiene hoy estados completos bajo sospecha de colusión criminal. Y sí, muchos están gobernados por Morena.

Ese es el verdadero país de las contradicciones: uno donde combatir al narcotráfico genera más rechazo del oficialismo que convivir políticamente con él.

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