El pasado 22 de junio, se dio a conocer la existencia de una primera grabación en la que la gobernadora de Baja California dialoga con un supuesto asesor externo del FBI para ayudarla con las “sanciones y cargos” que el Gobierno estadounidense podría presentar en su contra y recuperar la visa que le fue revocada el año pasado.

El 13 de julio, se dio a conocer una nueva grabación en la que dicha gobernadora manifiesta su disposición a colaborar con el FBI y compartir información relacionada con las mesas de seguridad. Desde entonces se reavivó el debate sobre “narcopolíticos” en México, tanto en la prensa nacional como en la extranjera.

Ante el creciente escándalo, la presidenta Sheinbaum buscó minimizarlo: aseveró que el audio de la gobernadora no muestra un delito ni la entrega de información sensible, que la gobernadora ya dio su explicación pública y que no hay elementos para abrir una investigación formal, pero el tema relacionado con narcopolíticos seguía vivo. A la presidenta le urgía encontrar la forma de desviar la atención sobre presuntos vínculos de morenistas con el crimen organizado.

Finalmente encontró la mejor cortina de humo para este caso: La detención de película de Ernesto Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición, justo en el estado de Baja California, por presunto huachicol fiscal. “La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada logró identificar la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento,” dijo la Fiscal General de la República.

A Ruffo se le atribuye una defraudación fiscal de alrededor de 4 mil millones de pesos. ¿Realmente será la más grande red de contrabando de combustible? En octubre pasado, la procuradora fiscal de la Federación aseveró que el perjuicio al erario por huachicol fiscal alcanza 600 mil millones de pesos, de los cuales solo 16 mil millones se encuentran en denuncias, pero hasta ahora no se sabe a cuánto asciende el mismo delito por parte de los sobrinos del exsecretario de Marina. La acción judicial más notoria hasta ahora es en contra de Ruffo Appel, pero no sobre ningún funcionario relevante, actual o pasado, de Morena; ni siquiera por las narcorrefinerías que desde el año pasado se han descubierto, se ha investigado en las altas esferas y solo se ha detenido a personal operativo.

La cifra es lo de menos; lo importante para Sheinbaum es que logró cambiar la agenda mediática. ¿Cuánto tiempo pasará antes del siguiente escándalo de presuntos narcopolíticos?

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