Andrés Manuel López Obrador y sus cercanos criticaban que los gobiernos de Felipe Calderón y EPN utilizaran a las Fuerzas Armadas

Arturo Cerda Díaz

Desde la oposición, como candidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador y sus cercanos criticaban que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto utilizaran a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

López Obrador acusaba a los militares de violar derechos humanos y prometía regresarlos a los cuarteles. Alguna vez expresó que si pudiera desaparecería a las instituciones castrenses.

Todo cambió luego de ganar las elecciones de 2018. Algo le fue informado que decidió hacer un cambio radical. Ya no fue lo mismo ver los toros parado en el ruedo que desde la barrera.

Aún no tomaba bien control del gobierno federal y una de sus primeras determinaciones fue mantener a soldados y marinos en el combate a la inseguridad.

Promovió la conformación de la Guardia Nacional -formalmente institución civil- que en realidad ha sido un cambio de uniforme de miles de integrantes de las secretarías de defensa y de marina, además de elementos de la extinta Policía Federal.

El lunes pasado amanecimos con un decreto en el Diario Oficial en que Presidente de la República ordena a las Fuerzas Armadas trabajar de manera coordinada con la Guardia Nacional durante el resto de su administración. La transcendencia del asunto, ameritaba explicar y precisar su instrumentación y alcances. Nada.

López Obrador evadió el tema tres días. Apenas ayer permitió ser cuestionado por asistentes a las conferencias matutinas. Defendió su instrucción con el argumento de que es necesario utilizar capacidades, disciplina y buena aceptación entre la población de los militares para combatir a la delincuencia.

A las múltiples críticas y preocupaciones expresadas por la oposición, especialistas y organizaciones de la sociedad civil las señaló de ser hecha con mala fe y por falta de información.

Con todo respeto, en la orden a las fuerzas armadas está implícito un reconocimiento de la ineficacia de la actual estrategia de seguridad y de que lo hecho por los gobiernos anteriores es lo único o lo mejor que pueden intentar para mantener a raya a la delincuencia organizada. Y es que la curva de la violencia no ha sido aplanada ni por la disminución de la actividad general en el país por la pandemia.