Raúl D. Lorea

En enero de 2018 el Consejo General del INE aprobó el Proyecto de financiamiento público para las campañas electorales del mismo año, destinando 2,148 millones de pesos para los gastos de campaña de los partidos políticos.

En mayo del mismo año el INE validó los datos de 89,123,355 ciudadanas y ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores, quienes podrían participar en los comicios de aquel 2 de julio. Lo anterior, quiere decir que se gastó un promedio de $24.10 pesos por votante.

Si consideramos que la participación total fue de 56,601,874 sufragios (incluyendo los votos nulos), estaríamos hablando de que 32,521,481 personas no ejercieron su derecho al voto, es decir casi el 36.5% del electorado validado.

Desde mi punto de vista ciudadano, los partidos políticos y/o los candidatos no lograron convencer a todas esas personas que no ejercieron su derecho al voto, mientras que la cantidad de recurso derrochado en la campaña es inverosímil y ofensivo mientras aún tenemos tanto que hacer por la pobreza, creo que sería buen momento para replantear las campañas electorales y forzar a que se promueva la campaña digital y se deje de tirar tanto dinero del erario en un mecanismo de campaña rancio y poco efectivo.

¿Qué pasaría si recortamos el recurso a los partidos políticos en el porcentaje de los comicios no ejercidos en 2018? (36.5%). Con ello los forzaríamos a buscar estrategias menos costosas y a diseñar mejores propuestas de campaña buscando convencer a aquellas personas que no acudieron a las urnas, aunque sea para anular su voto. Si los montos se repitieran para 2024 (cosa que dudo) se tendría un ahorro de 773,280,000 que bien podrían invertirse en las medicinas y hospitales que tanto hacen falta en nuestro país.