“El gasto público de la educación en México es bajo. Aun cuando de 2000 a 2012 la inversión en este rubro pasó de 4.4 a 5.2 por ciento del PIB (producto interno bruto es la riqueza que produce el país al año), con lo que en términos absolutos está cerca del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la realidad es que el presupuesto por alumno sigue siendo insuficiente”. (Emir Olivares Alonso, Periódico La Jornada, martes 24 de noviembre de 2015).
Tradicionalmente se ha considerado que la mayor inversión educativa debe producir mejoría en los resultados educativos. Pero hay evidencias que demuestran que no existe una relación directa entre gasto educativo y los mejores aprendizajes de los alumnos. En México y en los estados, del presupuesto sólo un porcentaje muy pequeño llega a las aulas y a los alumnos; de cada peso invertido, llegan cinco centavos.
La mayor parte del presupuesto educativo se destina al pago de los salarios de maestros, empleados y funcionarios. Sin embargo, esta no es la única razón que producen las carencias que se muestran las aulas.
En julio de 2011, el Centro de Análisis en Políticas Públicas, A.C., convocó a un grupo de investigadores académicos y expertos con la finalidad de que hicieran un estudio. La intención era valorar los efectos del gasto en el desarrollo del país y en el bienestar de los ciudadanos en el corto y mediano plazo. Inquietaba la enorme desconexión entre el nivel de gasto público aplicado y los resultados obtenidos. Lo que se encontró fue una serie de elementos que explican en gran medida la falta de calidad y eficiencia del gasto público en el país.
En términos generales se identificaron como dificultades para lograr la eficiencia del gasto público, el uso político del presupuesto, un arreglo disfuncional y costoso entre la federación y los estados, la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, y los pocos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto. En suma, el obstáculo es la corrupción. Un gasto público de bajo impacto es inadmisible en un país que subsiste con tantas carencias y que tiene tantos millones de habitantes en la pobreza o en los umbrales de la misma. Se estima que son más de 60 millones de conciudadanos.
Los recursos para la educación deben ser respetados, no deben usarcé en frivolidades o ineficiencias. Es una desmesura mantener una estructura orgánica enorme, que en lugar de ordenar y servir, lo que hace es dificultar la operación, pues su diseño no fue guiada por la teoría de Graicunas y otros expertos, fue pensada para colocar recomendados. También daña a la operación una plantilla de funcionarios y empleados innecesariamente engrosada. Por otra parte, en educación es innecesaria esa publicidad llena de falsedades. Finalmente, no tiene nombre dedicar los recursos educativos en fiestas. En la pasada administración de USEBEQ, estas desviaciones se institucionalizaron. Se actuó como si la organización fuera propiedad de los funcionarios encargados. La sociedad espera que esas desviaciones hacia la corrupción se destierren.
Hace algunos años, se consideraba que un buen funcionario educativo debería tener visión para trazar el rumbo institucional hacia el logro de objetivos; debía valorar y respetar el trabajo educativo; tener liderazgo sobre su personal; además controlar los procesos educativos y de apoyo; y capacidad para conducir a los maestros; sin faltarle la habilidad para ejercer eficazmente el presupuesto y para encauzarlo a resolver las necesidades prioritarias. También debería mostrar valor para combatir a la corrupción interna y defender a la institución de la corrupción externa; así como sabiduría para rodearse de las personas que sirven, saben y tienen experiencia y no de los aduladores o recomendados.
En educación el dinero nunca alcanza, por eso, para demandar más presupuesto hay que evidenciar resultados, capacidad, honradez, mesura.
Por: Amado López Guerra
