El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos.
El ser humano tiene necesidades básicas que satisfacer para vivir de una manera digna. Esta dignidad despierta una serie de exigencias éticas en las que se alojan los derechos humanos; los cuáles se han modificado con el cambio de condiciones. Son un conjunto de valores y aspiraciones del ser humano que históricamente se han ido reconociendo y llevado a la legislación. Representan un círculo de derechos básicos e irrenunciables para la persona humana.
Estos derechos permiten señalar los límites de toda sociedad con respecto al desarrollo de modelos de convivencia justos. Pensar que basta legislar para fundamentarlos, encierra el peligro de que queden a merced del capricho del gobernante en turno. La base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo es el reconocimiento de la dignidad y de los derechos humanos de todas las personas. No hace distinción entre vida pública y privada o entre culturas o clases o religiones.
En el siglo XXI, los derechos humanos suponen una nueva concepción de la participación de la sociedad civil, dando voz a organizaciones y agrupaciones que tradicionalmente no habían tenido peso en la configuración de las normas jurídicas, frente a los retos sociales, políticos y tecnológicos que plantea la sociedad global.
Pasada la celebración del Día de los Derechos Humanos, dentro de mi caleidoscopio, percibo que hay un derecho humano muy vulnerado, el de la seguridad. Investigo y encuentro que en México, hoy, el 69% de la población percibe que la inseguridad y la violencia son los factores que más afectan su vida cotidiana.
La Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) 2015, menciona que uno de cada cinco mexicanos ha sido víctima de algún delito. Para el 58% de los encuestados, el problema cotidiano más importante es la inseguridad. Grave es el aumento de la extorsión, fraude, amenazas y lesiones. Aún así, apenas el 5% de víctimas denuncian y un escuálido 1%, termina en sentencia.
En Querétaro la percepción de inseguridad está por debajo de la nacional. La ENVIPE 2010-2014 señala que la tasa de víctimas de delitos por cada cien mil habitantes, pasó de 19,062 en 2010 a 25,660 en 2014; la de delitos de 19,516 a 31,570; y la cifra negra (delitos y causas) de 82.3% a 90.1%. El 60% de la población consideró a la inseguridad como el problema que más le aqueja; y su percepción, en el período mencionado, se incrementó de 30.2% a 50.7%.
Para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras, nacional y estatal, son impactantes. La confianza de la ciudadanía en las instituciones federales y locales ha sido seriamente cuestionada.
En Querétaro, el gobierno entrante de Francisco Domínguez ha expresado voluntad política en favor de la seguridad pública de la población. Un eje estratégico en su propuesta de gobierno, es la seguridad.
Trabajaremos sin descanso para que los ciudadanos vivan con tranquilidad, en lo privado; y disfruten de sus ciudades, en lo público… Implementaremos una profunda transformación de las instituciones responsables de la seguridad pública y de la justicia, para incrementar sustancialmente su eficacia y recuperar la confianza ciudadana.
En 2009, Querétaro estaba en los primeros lugares en seguridad pública, que hoy se encuentra deteriorada: asalto a casas, personas, homicidios, robos, entre otros delitos. El reto y el compromiso para el gobierno de Pancho Domínguez, es recuperar la seguridad ciudadana, abandonada en el pasado sexenio, y lograr como dice:
Con mano firme y cero tolerancia con los delincuentes, volverán la autoridad, la paz y el orden a Querétaro.
Cuando se deterioran la confianza en las instituciones, solo una ciudadanía participativa las puede salvar. Y en este reto, los queretanos tenemos que participar, vigilar y exigir un sistema de justicia de mayor calado.
Por: Patricia Espinosa Torres (*)
facebook: Patricia Espinosa Torres
(*) Política, conferenciante y humanista comprometida con la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
