El martes, seis personas se reunieron en el área de comida de Antea y después de discutir, dos de ellos accionaron armas, ejecutando a tres acompañantes y lesionando a otro.

Cómo es posible que después de asesinar a tres personas, hayan tenido la facilidad de robar un vehículo y salir del centro comercial, manejar a exceso de velocidad una distancia de 3 kilómetros, estacionar el vehículo en un supermercado y desaparecer.

¿En dónde estaba la policía el martes? ¿Cómo es posible que un centro comercial con una afluencia importante de familias no tenga vigilancia de la seguridad pública?

La autoridad ha señalado que los involucrados son de Guanajuato. Sin embargo, ¿Existe alguna diferencia si los delincuentes fueran de Sonora, San Luis Potosí o de Querétaro? No. El delito se realizó a plena luz del día, en un lugar público y sin repulsión de las fuerzas policiacas.

Peor aún, existiendo antecedentes de hechos delictivos en Antea (16 de agosto y 22 de noviembre de 2017), ¿Cómo es posible que nadie vio ese foco rojo?

Lo sucedido el martes es un reflejo del problema que tenemos en México. Tal parece que podemos portar armas en la cintura, pasear tranquilamente en un centro comercial y ajustar cuentas. Vivimos en ciudades sin Estado de Derecho y con deficiencias en materia de procuración e impartición de justicia. Impunidad en su máxima expresión.

Es evidente que colocar detectores de metal o contratar más personal de seguridad privada en los espacios públicos no es la solución al problema. Las autoridades tienen la obligación de salvaguardar la libertad, así como la seguridad de los ciudadanos y sus familias en todo momento y en cualquier lugar. Cueste lo que cueste.

En 2008, Alejandro Martí pronunció una frase lapidaria para todas las autoridades de México que sigue vigente al día de hoy: si ‘la vara es muy alta’ para atender la inseguridad en México, ‘si no pueden, renuncien’.