Estrella Rojas Loreto

El pasado 21 de febrero durante una denominada “mañanera”, el presidente de la República confesó su intervención directa en los asuntos judiciales del país, cuando el ex ministro Arturo Zaldívar presidía la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura.

El presidente señaló, que “Cuando se daban estos casos se hablaba con Zaldívar, y él, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y decía ‘Cuidado con esto’”.

Además de lo anterior, dijo que cuando algunos jueces relacionados con casos delincuencia organizada “con mucho poder, donde protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72, en 24 horas y en sábado”, se acercaban a Zaldívar para intervenir en las resoluciones.

Estas confesiones, además de penosas, son doblemente graves; por un lado, por lo que respecta a la actuación del hoy exministro Arturo Zaldívar, y por el otro, en cuanto al presidente de la República; pues los dos violentaron los principios de independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, de los cuales debieron ser garantes, ya que estos son fundamentales para nuestra democracia, las instituciones y el Estado de derecho.

Todo ello es lo que sucede cuando se tienen ministros a modo, ya que, los jueces están para dictar sentencias basadas en nuestra Constitución y las leyes, no para dictarlas por instrucciones, modo y capricho de alguien.

Es reprobable el conflicto de interés que existió entre el exministro Zaldívar y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que violenta el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

Pero estas declaraciones, además de penosas y graves; y de violentar el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, constituyen una confesión de diversos delitos, entre ellos, el de obstrucción de justicia, ejercicio indebido de atribuciones, prevaricato y falso testimonio, por citar solo algunos.

De lo anterior, que sea urgente que la Fiscalía General de la República, habrá una investigación para fincar responsabilidades contra el hoy exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las declaraciones que ha dado el presidente de la República, no es para menos.