Claudio Sarmiento
El estado de Querétaro ha tenido 53 muertes viales en lo que va del año. Resulta una coincidencia el número similar de hechos viales que ha tenido la carretera 57 en la primera mitad de 2023. Siendo una de las vías rápidas más transitadas del país, queda claro que los grandes problemas de inseguridad de la carretera rebasan a los gobiernos locales e involucran a actores más poderosos. Quizás por eso la atención se centra en las pérdidas de tiempo y dinero que causan dichos “accidentes.” Y sin embargo, muy poco se dirige al impacto económico de un siniestro vial o al valor millonario de sus vidas.
Recientemente, un transportista arrolló a una activista ciclista sobre Corregidora Norte, una vialidad de mucha menor velocidad. Resultó con lesiones menores, pero la ambulancia tardó más de 90 minutos en llegar. Mientras la atención nacional está en expeditar el tren México-Querétaro, el proyecto de ciclovías a lo largo de la avenida Corregidora se sigue trabajando. Las prioridades parecen estar a la inversa de la jerarquía de movilidad establecida por Ley.
Mientras no haya infraestructura adecuada para los usuarios más vulnerables y mientras no contemos con servicios de atención pre-hospitalaria más efectivos, necesitamos cuidarnos mutuamente en las calles. La mayoría de la responsabilidad recae en nuestras autoridades, seguido de los conductores de los vehículos más pesados, más poderosos, más veloces y peligrosos. A los demás usuarios de la vía no nos queda más que prestar atención.
MT
