El miércoles 12 de octubre de 2016, Javier Duarte de Ochoa solicitó licencia para separarse del cargo de gobernador de Veracruz, no en un acto discreto, lo hizo ante toda la nación en las cámaras de Televisa y estableció que así “estaría en condiciones de enfrentar las acusaciones en su contra, por casos como el de las empresas fantasma” y así mismo, señaló que “la solicitud presentada al Congreso de Veracruz, no era para huir, sino para dar la cara y esclarecer los casos en que le venía señalando como responsable.” Su período de gobierno concluía el 30 de noviembre, y él pidió licencia para ausentarse hasta la conclusión de su mandato.

Un hecho clave en esta historia es que un día antes se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para informarle que presentaría la petición de licencia. No habían pasado ni veinticuatro horas y el Sr. Duarte ya había desaparecido.

El 20 de octubre, la entonces procuradora de la República, Arely Gómez González anunció a la nación, con toda la pompa y circunstancia que ya era prófugo de la justicia, luego de que la PGR obtuviese una orden de aprehensión en su contra por ser presunto responsable de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Sr. Duarte ha resultado ser un verdadero gánster, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, se trata de un miembro que pertenece a una banda organizada de delincuentes que se dedica a negocios clandestinos y actividades criminales.

Las investigaciones que recién inician, arrojan un conjunto de fraudes que Al Capone lo envidiaría, entre los asuntos que han salido ya a la luz pública se encuentran los siguientes: 2 mil 943 millones de pesos en irregularidades en el Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz; 2 mil 700 millones pesos al Fideicomiso del Fondo de Reserva diseñado para garantizar el apoyo y préstamo económico a los trabajadores; un traspaso de 180 millones al Instituto de Pensiones que nunca llegó; en el 2015 se desviaronmas de 14 mil millones de pesos en empresas inexistentes, facturas falsas y supuestos beneficiarios de cobijas y despensas que nunca recibieron los apoyos; en este caso, ya se habían presentado 32 denuncias ante la PGR por el caso de empresas fantasma de acuerdo con información del SAT; este mismo modelo operó en 2012, 2013 y en 2014; se presumen múltiples desvíos en 27 dependencias y en seis partidas de fondos federales; en 2015, en la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz se ha detectado un desfalco por 403 millones de pesos y, por si no fuera suficiente, la sospecha de concesiones amañadas. Y seguramente aún hay más.

Para dar una idea de cómo le hicieron Duarte y sus secuaces, se cita el siguiente ejemplo. La auditoría reportó que en tres facturas revisadas por un monto de 36 millones, cuyos conceptos fueron la compra de 200 mil cobertores y 55 mil despensas para ser repartidos en once municipios, cuando se acudió a verificar, los pobladores negaron haber recibido algo. Además, las facturas que amparan esas compras resultaron falsas, pues no estaban registrados en Hacienda y adicionalmente se demostró que en los domicilios fiscales de 10 de las empresas contratistas no existe en realidad la empresa ni el representante legal. Hay 30 contratos en donde no existe ninguna evidencia de que beneficiarios recibieran los supuestos apoyos.

Al momento, el Sr. Duarte sigue prófugo, aunque según la PGR pronto va a caer. Un caso más que pone en evidencia la incompetencia de los responsables de la seguridad y de la gobernabilidad de la nación. Surgen cuestionamientos que inevitablemente involucran, ya no solo a las autoridades locales, sino a las federales:

¿De que sirven las instituciones fiscalizadoras que nos cuestan millones de pesos mensuales, si son incapaces de detectar fraudes de estas
dimensiones?

¿Cuál es el rol de tanta y tanta auditoría si redes gansteriles como la que se montó en Veracruz, pueden operar con tal cinismo, no un año, sino cuatro años seguidos?

¿Acaso no existen investigaciones preventivas en Hacienda, en Gobernación o en la PGR para detectar en tiempo y forma casos de fraudes tan evidentes?

¿Cómo es posible que ante las evidencias previas y además el que haya pedido licencia, no se le vigilase y se le haya permitido desaparecer?

Viene al caso lo señalado el jueves pasado por el alcalde del municipio de Querétaro, Marcos Aguilar Vega a propósito del importante anuncio que hizo, por cierto, para la próxima implementación de la Ley Anticorrupción en el municipio. Señaló que la corrupción no es un asunto de cultura, sino de la impunidad y de la incompetencia institucional que lo permite.De tal manera que no es que seamos una población corrupta, es el Estado de Derecho el que no funciona.

Contrasta este anuncio con las evidencias lamentables del Caso Duarte que muestran, nuevamente, el desinterés continuo y consistente de la administración federal de cumplir y hacer cumplir la reforma más importante de todas las que que se han hecho: la Ley Anticorrupción.