Mario Maraboto
La semana pasada leí dos notas que me llamaron la atención: Una era sobre la crítica de ambientalistas al Programa para el Desarrollo del sistema Eléctrico Nacional 2022-2026 y la otra se refería a una subasta para el desarrollo de proyectos renovables, organizada por el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.
En la primera, los ambientalistas cuestionan que el programa del gobierno federal favorece la generación de energía eléctrica a partir de fuentes fósiles altamente contaminantes y dañinas para el medio ambiente y para la salud; la segunda pone de manifiesto la preocupación del gobierno ecuatoriano por producir energías renovables no convencionales como: fotovoltaica, eólica y bioenergía (biomasa).
Una reciente investigación realizada por McKinsey indica que la transición a un sistema energético con bajas emisiones de carbono continúa y se acelera en el mundo, y que la solución al desafío de descarbonizarse está al alcance de quienes tienen voluntad de lograrlo, cosa que está lejos de los propósitos de este gobierno.
Según el estudio, durante la última década, los costos de las energías renovables han disminuido sustancialmente: la energía solar hasta en un 80 por ciento y la energía eólica en aproximadamente un 40 por ciento, lo que las hace económicamente competitivas contra el carbón y el gas natural. El dato me hizo recordar cuando en marzo de 2020, en una gira por Baja California, el actual presidente exclamó en referencia a las turbinas eólicas en la Rumorosa: “Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural, cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores (perdonando la ignorancia)”.
Conforme el estudio, una transición exitosa a cero emisiones, requerirá satisfacer el aumento de la demanda de electricidad mediante la ampliación de la generación de energía renovable y baja en carbono. La política en materia de generación de energía eléctrica en México, publicada en mayo de 2020, pone como alternativa la quema de combustóleo para generar electricidad, en contra de los compromisos internacionales asumidos por México para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero.
Sobre la reducción de emisiones en la industria aérea a corto y largo plazo el estudio lo expresa en la frase: “Escalar el combustible de aviación sostenible hoy, para cielos limpios mañana” y dice que las aerolíneas están estudiando la mejor manera de lograr vuelos sin emisiones de carbono. En México, la puesta en operación del aeropuerto “internacional” Felipe Ángeles, que generó el rediseño de las rutas de aproximación, ha obligado a las aerolíneas a sobrevolar el Valle de México por más tiempo, consumiendo mayor cantidad de combustibles que contribuyen a la contaminación en la CDMX.
Finalmente el estudio recuerda que los bosques contribuyen a la reducción del carbón en forma natural ya que absorben CO2 y liberan oxígeno; afirma: “La prevención de la deforestación tiene un potencial sustancial de reducción (de carbono), es más barata de implementar que muchas otras soluciones climáticas tecnológicas o naturales y protege los medios de subsistencia de las personas”. Pero en nuestro país existe un programa llamado “sembrando vida” que en su primer año de operación demostró ser un fracaso pues de 575 millones de árboles contemplados, solo sembraron 80 millones, de los cuales solo sobrevivió el 7 %; adicionalmente se ha devastado una parte importante de la selva en Quintana Roo por la construcción de otro proyecto federal.
Es triste ver cómo el actual gobierno federal viola los acuerdos internacionales que México firmó en París en 2016 durante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y preocupa que esté poniendo a nuestro país en la mira del mundo de manera tan negativa.
