Sergio Arellano/Asesor en Derechos Humanos

@siarellano5

La siguiente semana se votará en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo relativo al amparo del famoso documental “Duda Razonable” mismo que el Ministro ponente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, apoya en un sentido liso y llano. Esto provocaría la libertad de dos personas sentenciadas por el delito de secuestro en el estado de Tabasco.

Como podrán apreciar en la primera parte de la serie publicada en Netflix, se exhibió una secuencia de irregularidades en el curso de la carpeta de investigación por parte de la fiscalía de la entidad así como la impericia del juzgador que conoció de la causa. No obstante lo anterior, lo que muestra dicho esfuerzo documental, puede o no, ser parte de un proyecto videográfico con la intención de provocar un interés en la audiencia.

Sin embargo, lo que no debe sorprendernos, son las reflexiones del alto tribunal mexicano que prospecta la carencia de fundamentación y motivación de la autoridad investigadora y del juzgado que ventiló el caso en comento para llegar a una resolución que implica una pena privativa de la libertad hasta por 50 años sin elementos fehacientes para determinar una culpabilidad. Dicho esto, estimada o estimado lector, refrendo la realidad de que este particular es uno de tantos litigios que se encuentran frustrados por una mala actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia.

Con la reforma al sistema penal acusatorio, tenemos una ventana para la transparencia de las etapas procesales, lo cual permite un análisis minucioso de las intervenciones de las partes materiales en determinada controversia.

Tal y como sucedió en el documental de “Duda Razonable”, tenemos un deber como sociedad civil organizada, cámaras empresariales y/o individualmente en aras de que más asuntos puedan ser retomados por la jurisdicción competente, cambiando la vida de miles de mexicanos y mexicanas que viven en un contexto de desigualdad y ausencia de tutela judicial efectiva.