En un intercambio de ideas con el destacado penalista, Juan Velásquez, pudimos identificar algunos puntos interesantes respecto a la defensa de las personas privadas de la libertad, lo que sin duda es un tema que debe de ser prioritario en la agenda pública.

Para iniciar esta columna de opinión debemos de tener en cuenta que nuestra Carta Magna, contempla el derecho de tener una defensa adecuada, principio que se alinea perfectamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales y que se ha visto traducido en las audiencias orales en donde el juzgador, ha optado por relevar asesores jurídicos por una actuación deficiente o desconocimiento de la secuencia procesal.

Ante esta situación, despierta un reto evidente. En otras palabras, ¿qué tan preparados están nuestros defensores? Al tratar este cuestionamiento, señalaba el Dr. Juan Velásquez que los representantes de oficio que adquieren la responsabilidad legal en los supuestos en donde no se contrata un despacho privado, emprenden una labor loable; no obstante lo anterior, su carga de trabajo es inmensa y tienen muchos casos en puerta, por lo que resulta sumamente difícil aportar esa excelencia requerida.

En la práctica cada asunto tiene sus particularidades y por una cuestión gramatical, se puede ganar o perder un asunto, apunta el profesionista.

En suma, estimada o estimado lector, con las últimas reformas que hemos tenido en nuestro sistema penal, nos encontramos con retos naturales dado que siempre será perfectible el método de impartición de justicia, siendo una realidad que una de las bonanzas de la oralidad que nos rige es la celeridad y transparencia de lo que se juzga, sin embargo, si los operadores fallan, no interesan las adecuaciones legislativas.

Sergio Arellano

• Asesor en Derechos Humanos
• @siarellano5